El Gobierno denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podría ascender un total de 3.400 millones de dólares. De acuerdo a los datos que arrojan las nuevas autoridades del área, se estima que el “el desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”. El director del organismo, Diego Spagnuolo, fue quien fue quien realizó la denuncia, que ahora es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

De acuerdo a la auditoría, solo “el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”. Según manifestó hoy el vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, en un expediente se aportó como prueba de incapacidad laboral una radiografía de un perro.

Desde el ANDIS, manifestaron que hay “radiografía de un mismo hombro roto en 157 expedientes”, así como también “radiografías bajadas directamente de Google”. “También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos y hasta un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, que, en vez de describir la dolencia de la persona, reprodujo un poema de Arias Uriburu titulado ‘la Herida’. Ese es el diagnóstico médico que justificaba la documentación médica que justificaba el pedido de la pensión por invalidez”, manifestaron desde el área el medio Infobae. 

“Estamos seguro que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, dijeron, y agregaron: “Se encontró con un sistema de pensiones por invalidez laboral poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude. Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.

Según manifiesta la denuncia judicial, solo el 7 % de los 2559 casos auditados (es decir, 185) cumplen con los requisitos establecidos. 

Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015 – años donde gobernaron Néstor y Cristina Kirchner – la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000. Según Casa Rosada, estos números no tienen presentes “incluso en países que han sufrido guerras mundiales”. De hecho, la cifra durante el gobierno de Mauricio Macri se mantuvo constante, pero durante la presidencia de Alberto Fernandez  la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023. Cabe destacar que el valor actual de la pensión es de $203.100. 

En su denuncia, Spagnuolo aporta pruebas sobre casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad. Incluso habia personas que cobraban esas pensiones teniendo bienes como aviones, embarcaciones, más de un auto y hasta 59 inmuebles. 

De acuerdo a los datos de ANDIS “alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentarían incompatibilidades, siendo el 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo, mientras que el 30% restante presenta incompatibilidades en las condiciones médicas”.

La investigación se inició luego de que Spagnuolo cotejara las diferencias que había entre los datos de asignación de pensiones: en 2003 había 79.581 pensiones no contributivas por invalidez, para 2023 esta cifra se había disparado a 1.222.882.

La auditoría también reveló que “existían canales paralelos en la gestión y una demora tal que hacía que muchos solicitantes morían esperando su pensión”, mientras que otros, que no tenían ninguna dolencia, accedieran al beneficio en cuestión de meses.

Según puede leerse en la denuncia de ANDIS: “A partir de 2020 comenzaron una catarata de Resoluciones y Decretos flexibilizando el otorgamiento de las pensiones. Por ejemplo, en enero de 2023 eliminaron la condición de invalidez laboral y lo reemplazaron por algo muy subjetivo. Mientras que, en octubre de ese año, pocos días antes de dejar el poder, se publicó un decreto que directamente quitaba el requisito de incapacidad para trabajar a una persona inválida, y el requisito de acreditar 76% de invalidez, creyendo que, de esta manera, se cubrían de todas las pensiones otorgadas irregularmente en su gestión”.