La administración de Javier Milei derogó otras 43 normas que le permitían al Estado Nacional fijar precios, intervenir mercados y solicitar información de empresas.

Así se oficializado mediante la resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, manejada por Pablo Lavigne. Las normas eliminadas incluían controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. A la vez, establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.

Entre las disposiciones derogadas, destaca la eliminación de una norma que, según sostuvieron, dificultaba el comercio y encarecía los costos de los neumáticos. Además, se dieron de baja varios programas que no se alineaban con las políticas gubernamentales de simplificación. «Se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno”, señalaron fuentes oficiales del ministerio a los medios.

En los motivos de la resolución se indica que “se ha advertido la existencia de resoluciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y/o de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones relacionadas, como así también diversos programas que, en base al estado actual de la economía en general, se ha demostrado que no sirvieron a los fines que fueron dictadas, extremo que es de público y notorio conocimiento y, que adicionalmente, han importado un enorme dispendio de jurisdicción administrativa, utilizando ingentes recursos humanos y materiales que no han generado resultados positivos”.

Y sumó: “En consecuencia, resulta necesario alinear las políticas de regulación del mercado interno de modo tal que se lleve a cabo una desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y su consecuente traslado a los precios de los bienes y servicios para los consumidores”.

Estas medidas se suman a las 107 derogaciones desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, una política que, según sostienen desde el gobierno, tiene como objetivo de disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia.