El gobierno nacional resolvió hoy dar de baja la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner y anular la pensión del expresidente Néstor Kirchner. “Significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 pesos”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. 

“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, consideró Adorni, quien agregó que “la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.

Adorni señaló que esta decisión implica “otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya más mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”.

Las jubilaciones de privilegio vienen siendo un tema recurrente en la gestión libertaria. Ya a fine de septiembre, el gobierno  impulsó un proyecto en Diputados para derogar los “privilegios previsionales para ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos en Argentina”, quienes pasarían entonces a sumarse al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, como el resto de los trabajadores. En el texto de la iniciativa se aclara que “a partir del cese en sus funciones el Presidente de la Nación gozará de una asignación mensual vitalicia por los servicios prestados a la Nación durante su mandato”, la cual “será equivalente al 80% de la remuneración” de un jefe de Estado en ejercicio.

En caso de que el Congreso apruebe esta medida, esto afectará solamente a funcionarios que siguen en actividad, debido al principio jurídico de que la ley no puede ser retroactiva, y no se puede quitarle el beneficio a quienes ya lo están cobrando.

Cabe señalar que Adorni sostuvo que “es una posibilidad cierta” que la expresidenta recurra a la Justicia para frenar estas modificaciones.