El Gobierno Nacional, en base a un exhaustivo proceso de auditorías sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, decidió eliminar entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. Esto debido a las irregularidades detectadas en la concesión de las pensiones, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente lo necesiten sigan recibiendo este apoyo del Estado. La auditoría fue iniciada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas. Se auditaron aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
De acuerdo a lo que estimó la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En cuanto a las irregularidades detectadas, una revisión inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión. Se detectaron documentaciones médicas falsificadas, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y pensiones concedidas a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.
Además, se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% siendo algunas de estas la posesión de bienes no declarados, empleo formal, y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.
Quiénes serán los afectados
Las personas más afectadas por esta medida serán quienes no cumplen los criterios establecidos para recibir la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, la cual está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Cabe destacar que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
Los principales afectados por la medida son quienes tengan una condición de salud que no justifique la pensión: quienes poseen bienes como vehículos, propiedades o incluso aviones o embarcaciones; quienes cuentan con empleo formal o quienes tienen una documentación sospechosa o fraudulenta.
El proceso de auditoría, que ya comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, se extenderá a otras regiones del país en los próximos meses. Además, se iniciaron denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades. El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha destacado que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar aquellos casos donde la pensión fue indebidamente otorgada y restaurar la transparencia del sistema.
