El Gobierno evalua otorgar un subsidio por hasta 12 meses a empresas privadas para incentivar la contratación de empleados públicos que pasen a “disponibilidad”, en un contexto de reducción de personal y ajuste del Estado. La medida es impulsada desde el área de Desregulación y Modernización del Estado a cargo de Federico Sturzenegger.
Además, el personal que no sea reubicado en el sector privado deberá recibir capacitación o desarrollar tareas para otro organismo durante 12 meses, con goce de sueldo. La alternativa que baraja el Gobierno, la cual explican que “no será inmediata”, intenta promover un régimen de “incentivos” a empresas para que contraten a los ex empleados públicos.
Hoy, en entrevista con Radio Mitre, Sturzenegger explicó: “Cuando se fusionan o cerrás organismos, ¿qué haces con la gente? Se le protege el salario durante 12 meses y después se le da una indemnización. Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: ‘Probame’. Y esa plata, esos 12 meses se la vamos a dar a la empresa. Si el trabajador quiere se la damos a él, pero si elige se la damos a la empresa”.
Mientras la iniciativa es evaluada, el flamante ministro trabaja en la eliminación o reforma de unos 60 organismos públicos. En base a estos cambios que promueve el funcionario, el organigrama estatal se achicará, eliminando áreas, achicando otras e incluso fusionándolas.
Desde Casa Rosada pusieron como ejemplo de las áreas que pasarn por esta restructuración al Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), dependiente del ministerio de Capital Humano; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que funciona en la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos; y el recientemente “extinto” – en palabras del vocero Manuel Adorni – Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que depende de la cartera de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
Los criterios utilizados para la reestructuración, la cual es la que naturalmente generará el pase a “disponibilidad” de una gran cantidad de empleados públicos, tendrá que ver con si estas áreas tienen un fin necesario para la función pública o si se usaron de forma irregular durante gestiones anteriores.
