El Gobierno nacional llevó a cabo una reestructuración en los contratos de alquiler de oficinas mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Esta medida, anunciada oficialmente por la cartera dirigida por Guillermo Francos, implica la cancelación de 71 contratos de alquiler en todo el país, generando un ahorro mensual de $191.518.251 y un ahorro anual de $2.298.218.220.
La decisión se enmarca dentro de una política más amplia de optimización y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. El Gobierno hizo un exhaustivo relevamiento de los contratos vigentes, implementando nuevos controles para asegurar una utilización más eficiente de las oficinas disponibles. Esta medida tiene como objetivo reducir gastos innecesarios y mejorar la administración de los bienes estatales.
La reducción afecta a varias provincias y regiones, con 23 contratos cancelados en la provincia de Buenos Aires y 7 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Además, se han dado de baja contratos en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Las oficinas que se cerraron albergaban más de 3.500 puestos de trabajo pertenecientes a diversas entidades gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Turismo y Deporte, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Policía Federal Argentina, entre otras.
Para asegurar la continuidad de las funciones y minimizar el impacto en el personal, la mayoría de los trabajadores fueron reubicados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional. Este reordenamiento busca optimizar el uso de los espacios disponibles y garantizar que los servicios públicos continúen funcionando sin interrupciones.
El Gobierno, bajo la dirección de Nicolás Pakgojz, planea seguir con esta política de reducción de costos y eficiencia administrativa. Se prevé que en los próximos meses se den de baja 106 contratos de alquiler adicionales, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la austeridad y la gestión responsable de los recursos públicos. Esta acción refleja una estrategia renovada para mejorar la eficiencia en el uso de los bienes estatales y asegurar una mayor transparencia en la administración pública.
Con esta medida, el Gobierno busca no solo reducir el gasto público, sino también establecer un modelo de gestión más eficiente y sostenible, alineado con las necesidades actuales de optimización de recursos en el sector público.
