En un contexto de polémica por el aumento del precio de las prepagas, el gobierno de Javier Milei se niega a recibir a los representantes de las cámaras que nuclean al sector e investiga la existencia de un acuerdo entre las empresas para fijar precios de venta, es decir, cartelizarse. Según consigna un artículo de la periodista Sofía Rojas en el medio Noticias Argentinas, en caso de que el gobierno confirme que el sector lleva adelante esta práctica, podría avanzar por la vía judicial.
Por este clima de tensión, las empresas, preocupadas, negaron ser “formadores de precios” y pidieron una reunión urgente con el ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los impulsores del DNU que habilitó la desregulación de precios de las prepagas.
Según supo Noticias Argentinas, además de que el titular del Palacio de Hacienda no los recibirá, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) definirá en los próximos días presentarse en la Justicia contra las empresas por supuestas “prácticas abusivas”. En tanto, el organismo trabaja en un informe donde se detallen los aumentos de las cinco principales firmas del sector que presentará ante la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), con límite hasta el 17 de abril, quien se encargará de definir si hay o no cartelización.
Y es que en un contexto donde los precios de las prepagas dieron un salto del del 40% en enero, el 2% en febrero, el 20% en marzo, y una nueva suba prevista para abril de entre el 14% y el 18%, el gobierno aseguró que “algunos empresarios no saben trabajar en libertar” y necesitan que “un sacudón” que están dispuestos a dar, además de puntualizar que “hay instrumentos legales dentro del capitalismo que pueden aplicarse para resolver el tema”.
La Superintendencia de Servicios de Salud asegura que las cinco firmas que lideran el mercado habrían acordado aumentos encima de la inflación, con diferencias mínimas de uno o dos puntos. Desde el organismo detallaron que detectaron «prácticas abusivas” en los incrementos de los primeros cuatro meses que doblan el porcentaje de la inflación y que se está estudiando si la via judicial es el mejor camino para frenar los aumentos. También podría suceder que haya sanciones economicas para las empresas que justifican la actualización en el congelamiento de las tarifas dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández. “Los que hoy acuerdan para fijar precios son los mismos que congelaban las cuotas con el gobierno anterior a cambio de subsidios”, manifestaron desde el gobierno, donde consideran que las prepagas le han declarado “la guerra” a la clase media.
Ahora el gobierno sigue de cerca la investigación de la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), organismo dentro de la Secretaría de Comercio que funciona de manera “desconcentrada”.
“Las prácticas abusivas hicieron todo más complejo. Ahora quieren dialogar, pero en los últimos meses ningún empresario se acercó a negociar”, manifestaron desde el gobierno, quien se sumó a los reclamos presentados un grupo de legisladores de la Coalición Cívica, liderado por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, quienes el 15 de enero presentaron una denuncia por “conducta anticompetitiva” que ahora, frente a este escenario, cobra un nuevo impulso.
