El gobierno nacional ordenó hoy que el 75% de las empresas de medicina prepaga deben bajar el precio de sus cuotas, ya que deberán recalcular los aumentos que aplicaron desde diciembre tomando como base para el cálculo el Índice de Precios al Consumidor. En la misma línea, la Superintendencia de Salud presentó una medida cautelar ante la Justicia para que devuelvan dinero a los usuarios.
Así lo anunció el vocero oficial, Manuel Adorni: “Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC”, manifestó el portavoz, quien además explicó que las empresas “deberán aplicar como máximo” el IPC “para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”. Según lo declarado por el portavoz, la medida fue implementada a partir de una denuncia “por presunta cartelización”.
La medida sorprendió a las empresas, las cuales aseguraron que no participaron de ninguna negociación con el gobierno. Ahora, analizan el camino a seguir.
Desde el Ejecutivo advirtieron que si bien las compañías pueden apelar, la resolución ya está en vigencia y su aplicación no cesa ante una presentación de ese tipo.
“El Gobierno del presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la avidada se terminó el 10 de diciembre pasado”, sentenció el vocero.
La medida fue dispuesta por la Secretaría de Industria y Comercio a instancias de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor que “determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”, según la información oficial. En base a eso, el precio de la cuota deberá calcularse tomando como base el valor del mes de diciembre de 2023 multiplicada por la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023.
En esa línea, la medida ordena “cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial”.
En su anuncio, Adorni informó que la Superintendencia de Servicios de Salud presentó una medida cautelar para que las empresas de medicina prepaga alcanzadas por la disposición de la Secretaría de Comercio devuelvan a los afiliados la diferencia entre los aumentos aplicados y los que se deberán aplicar a partir de esta nueva disposición. El vocero aclaró que la Superintendencia “no controla precios” pero si busca garantizar “la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”.
Adorni sobre la renuncia de Belocopitt a la Unión Argentina de Salud
Debido al rechazo de los afiliados de las prepagas, luego de que el gobierno desregulada dicho mercado mediante el DNU 70/23, se fue generando una escalada de conflictividad que provocó en las últimas horas la renuncia de Claudio Belocopitt a la presidencia de la Unión Argentina de la Salud, que nuclea a las principales compañías. Belocopitt defendió los incrementos, alegando que cuando el gobierno desreguló los precios, “todo el sistema de la medicina prepaga y el resto venía con poderosos atrasos. En diciembre, como consecuencia de la devaluación, los precios tomaron una aceleración realmente impresionante”, tal como le dijo a La Nación Más.
Sobre sus dichos, Adorni opinó en su conferencia de prensa. “Si hicieron todo bien, ¿por qué toma esta postura de irse de la cámara? Más allá de ello, no hay problema, tiene las instancias de apelación correspondiente en el caso de la presentación que va a hacer la Superintendencia de Salud en la Justicia, cómo también en la resolución tomada por el ministerio de Economía, aclarándose que la apelación no suspende la medida”.
