Para reducir el consumo de energía en industrias y hogares, el Gobierno dispuso, a través de la Resolución 148/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, el uso racional y eficiente de la energía. Haciendo uso de dos decretos anteriores en donde se declaró la emergencia económica y el uso racional y eficiente de la energía, se pidió reducir el consumo de luz en todos los edificios que dependen de la Administración Pública Nacional.

Según establece el documento, el 21 de diciembre de 2007 se declaró de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía y se aprobaron los lineamientos del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE), el cual tiene como objetivo contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores y en edificios públicos de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional.

A través de esta disposición se busca mejorar la eficiencia energética de los sistemas de iluminación de los edificios de la Administración Pública Nacional, capacitar al personal en buenas prácticas de uso eficiente de la energía y también se solicita realizar un inventario detallado y actualizado de todas las instalaciones de energía eléctrica, gas, equipos de acondicionamiento de aire, sanitarios y agua potable de todos los edificios públicos. Según puede leerse en el documento, “resulta necesario y conveniente que el sector público asuma una función ejemplificadora ante el resto de la sociedad, implementando medidas orientadas a optimizar el desempeño energético de sus instalaciones. La eficiencia energética en edificios públicos permitirá el mantenimiento de los servicios energéticos a un menor costo, protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad", afirma el documento.

En línea con esta iniciativa, el secretario de Energía, Eduardo Chirillo solicitó a las empresas y cooperativas distribuidoras del Servicio de Energía Eléctrica que cuenten con medidor de energía eléctrica y una tarifa en donde se incluya el pago del cargo por potencia, y que deberán modificar la potencia eléctrica contratada por los Organismos Públicos para reducirla a la máxima potencia demandada en el mes anterior a que entre en vigencia esta medida, siempre en línea con promover el ahorro económico y la eficiencia energética.

En los casos donde hubiera variación de potencia eléctrica por cuestiones estacionales, la misma deberá adecuarse al período de alta demanda y, posteriormente reducirse.