En las últimas semanas hubo una masiva fuga de presos en tres Comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno prorrogó por dos años la emergencia penitenciaria. Así lo definió el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, a través de la Resolución 254/2024 que se publicó este viernes en el Boletín Oficial.
Las autoridades porteñas denunciaron que lo ocurrido se debió a la superpoblación de sus cárceles y la incapacidad del Sistema Penitenciario Federal para recibir a detenidos con condenas firmes.
La actual prórroga es la segunda, ya que en 2019 se había determinado por tres años y, en 2022, por otros dos años más.
De esta manera, se confirmó que seguirá activa la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria, cuyo objetivo es facilitar la coordinación entre los diferentes órganos estatales que intervienen en los asuntos penitenciarios. Sin embargo, ahora pasará a depender de las directrices enviadas por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios.
En esa línea, se le dio la orden de trabajar en “la elaboración y estudio de propuestas de reformas u otras políticas públicas que permitan resolver la situación de emergencia”, por lo cual también se determinó ampliar la cantidad de miembros de ese comité para agilizar los tiempos laborales y encontrar rápidamente una solución a este problema que se arrastra desde hace años.
A lo largo del texto, la cartera de Seguridad advirtió que «las circunstancias objetivas que motivaron la declaración de la emergencia penitenciaria en los años 2019 y 2022 no se han modificado, antes bien, se han profundizado».
El Sistema Penitenciario Federal actualmente aloja a 11.453 personas y la capacidad general establecida, según lo dispuesto en 2021 por la Resolución Ministerial de Condiciones de Habitabilidad de 2021 es de 11.361 plazas. Con lo cual, “está operando por sobre el límite de la capacidad general establecida en forma administrativa”.
De las 11.453 personas privadas de su libertad dentro del Servicio Penitenciario Federal, «el 55,88% corresponde a personas que se encuentran condenadas y el 45,10% se hallan detenidos en calidad de procesados».
Al día de la fecha hay unas 4.265 detenidas que están esperando su ingreso a estas prisiones, por lo que están a resguardo en otras áreas, y el Ministerio calificó como “insuficientes” la cantidad de plazas disponibles para la demanda de ingreso de detenidos al sistema carcelario federal.
De acuerdo al relevamiento, la mayoría de los detenidos se encontraban bajo la órbita de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un total de 1.886 de presos. En tanto, los Servicios Penitenciarios Provinciales, con 1.737 reclusos.
También hay 246 detenidos por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, 212 de la Policía Federal Argentina y 154 de la Gendarmería Nacional Argentina, entre otros.
El Ministerio de Seguridad destacó también que el Servicio Penitenciario Federal aún mantiene bajo su custodia 5.564 personas privadas de la libertad, cuyos traspasos no pudieron ser tramitados por falta de sitio para alojarlos.
Por la falta de capacidad se incorporaron 1.334 personas de ese grupo de detenidos a la DAPVE (Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica), como una alternativa temporal «mediante el uso de dispositivos de monitoreo electrónico y por solicitud de la Justicia Nacional y Federal de todo el país».
