Guerra por las cifras del delito en La Plata: los cruces entre Javier Alonso y Julio Alak y las contradicciones del ministro

La disputa dejó al descubierto algo más que dos interpretaciones sobre la inseguridad: qué organismo produce los datos, qué hechos contabiliza cada sistema y hasta dónde son comparables sus resultados.
Por: Martín Soler

La discusión por la inseguridad en La Plata escaló hasta enfrentar al intendente Julio Alak con el ministro bonaerense de Seguridad, Javier Alonso. El origen de los datos, las diferencias entre los registros policiales y judiciales y las denuncias digitales abren interrogantes sobre las cifras utilizadas para medir el delito.

La disputa dejó al descubierto algo más que dos interpretaciones sobre la inseguridad: qué organismo produce los datos, qué hechos contabiliza cada sistema y hasta dónde son comparables sus resultados. Alonso desautorizó las estadísticas que presentó el jefe comunal, pero sus propias explicaciones sobre el origen de la información abrieron un frente de discusión.

El intendente había difundido cifras atribuidas al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Según ese relevamiento, La Plata registró durante 2025 una tasa de 1.827 delitos cada 100.000 habitantes, un indicador que la ubicó entre los distritos con menor incidencia delictiva del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El ministro provincial salió al cruce el 5 de octubre. Aseguró que la administración bonaerense no respaldaba esos números, cuestionó la metodología utilizada y sostuvo que la estadística oficial que considera válida es la elaborada por la Procuración General de la provincia. Sin embargo, al explicar cómo se construyen los registros, también hizo referencia a las denuncias recibidas en las comisarías.

Ahí aparece el primer punto de tensión: la estadística judicial de la Procuración y los registros administrativos de la Policía Bonaerense no son, por definición, una misma base de datos.

La primera contradicción: ¿la Procuración o las comisarías?

En la conferencia de prensa del 5 de octubre, Alonso fue categórico al identificar la fuente que considera válida para las estadísticas criminales bonaerenses: la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia.

“La fuente de las estadísticas es la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, no se publican datos por municipio, se publican datos por departamento judicial”, sostuvo el ministro.

Pero, a continuación, describió un mecanismo de producción de datos que comienza en las dependencias policiales: “Nosotros las estadísticas se conforman con la información que llega a las comisarías. Cada vez que se toma una denuncia de una comisaría, el fiscal ve la denuncia en tiempo real. Eso está validado por la fiscalía”.

Alonso agregó que el Ministerio Público también recibe denuncias directamente, sin intervención inicial de la Policía, y que esas presentaciones pueden dar lugar a investigaciones de fiscales, policías o fuerzas federales.

La diferencia no es menor. Una cosa es sostener que las estadísticas judiciales se construyen a partir de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas y otra es describir los registros administrativos que produce la Policía Bonaerense.

  Cárcel de mujeres: liberaron a cinco imputados por torturas y la Justicia puso en crisis la denuncia impulsada por la CPM

Las dos fuentes pueden estar relacionadas, pero no son automáticamente equivalentes. Una denuncia puede ingresar por distintas vías, generar una IPP y atravesar posteriormente instancias de clasificación, investigación y eventual recaratulación.

Por eso, si el ministro pretende cuestionar los datos difundidos por Alak, la discusión exige identificar con precisión cuál es la base utilizada en cada caso, qué organismo la produjo y qué metodología se aplicó para convertir los registros en una tasa delictiva.

El dato que complica el argumento de Alonso

El segundo punto de controversia es el origen de la información que utilizó el intendente. La gestión municipal atribuyó los números al Sistema Nacional de Información Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. La documentación oficial de ese organismo establece que el SNIC recopila información sobre hechos presuntamente delictivos registrados por las policías provinciales, las fuerzas federales y otras entidades oficiales receptoras de denuncias.

La Dirección Nacional de Estadística Criminal tiene a su cargo la revisión, validación y análisis de esos datos.

En ese esquema, los registros policiales constituyen uno de los insumos fundamentales del sistema nacional. Por eso, si —como se informó al difundirse las cifras platenses— los datos utilizados provienen de la Superintendencia de Análisis Criminal de la Policía Bonaerense, aparece una pregunta central: ¿con qué fundamento el Ministerio de Seguridad provincial desconoce una estadística construida a partir de información de su propia fuerza?

La precisión es importante: la documentación pública consultada permite verificar que el SNIC se nutre de información policial y de otros organismos oficiales, pero no alcanza, por sí sola, para certificar que la tabla específica difundida por Alak fue extraída directamente de la Superintendencia de Análisis Criminal. Ese eslabón requiere conocer el archivo original, su organismo productor y la metodología de elaboración.

De todos modos, el planteo político de fondo permanece: Alonso cuestiona la validez de un indicador nacional mientras reivindica como fuente confiable a la Procuración, pero también describe un sistema provincial en el que las denuncias policiales son parte del origen de la información.

La discusión no se resuelve simplemente afirmando que una fuente es judicial y otra policial. Hay que determinar qué mide cada una y si los datos son comparables.

La aplicación que genera IPP y abre otro interrogante

A la controversia se suma un tercer elemento: las denuncias digitales realizadas mediante la aplicación Mi Seguridad, del Ministerio de Seguridad bonaerense.

  De las canchas al operativo papal: el exfutbolista que vivió una experiencia inolvidable junto a León XIV

Una investigación publicada por Clarín el 5 de octubre expuso que durante 2025 esa plataforma generó 225.398 IPP, equivalentes al 22% de las 1.035.350 investigaciones iniciadas en los fueros penales de adultos y juvenil en la provincia.

El mecanismo permite denunciar sin concurrir a una comisaría. Al finalizar el trámite, el sistema genera una constancia con el número de IPP y la fiscalía asignada. Es decir, una denuncia digital puede ingresar al circuito judicial sin haber sido presentada presencialmente ante la Policía.

El problema estadístico aparece en la clasificación posterior. Según la investigación, 122.867 de esas IPP quedaron registradas bajo la categoría de tipificación provisoria, sin ser incorporadas a las categorías delictivas específicas. Dentro de ese conjunto había 103.085 denuncias que los usuarios habían identificado como robos o hurtos.

El fenómeno también tuvo impacto en el Departamento Judicial La Plata: 15.155 denuncias realizadas mediante la aplicación durante 2025 permanecían con tipificación provisoria, de acuerdo con los datos citados por el medio. Esa cifra corresponde al departamento judicial, no necesariamente al partido de La Plata.

Este punto agrega una pregunta que todavía no tiene respuesta pública en la información consultada: ¿las denuncias ingresadas mediante Mi Seguridad están incluidas en la base que utilizó Alak para presentar la tasa de delitos de la ciudad?

Y, en caso afirmativo, ¿fueron contabilizadas según la categoría provisoria asignada al momento de la denuncia o según su clasificación judicial posterior?

Sin esa aclaración, no es posible establecer si ambos sistemas están midiendo el mismo universo de hechos.

La discusión metodológica detrás de la pelea política

Alonso también cuestionó que el informe municipal mezclara distintas clases de delitos y comparara hechos de ámbitos públicos y privados. Además, remarcó que las estadísticas de la Procuración se publican por departamento judicial y no por municipio.

Ese argumento introduce una objeción metodológica atendible: un departamento judicial puede abarcar varios municipios, mientras que una comparación entre partidos del AMBA requiere datos territorialmente desagregados y criterios homogéneos.

Sin embargo, esa observación no demuestra por sí misma que el indicador utilizado por Alak sea incorrecto. Para sostenerlo, sería necesario examinar la base del SNIC, el recorte territorial, las categorías incluidas y la población utilizada para calcular la tasa.

También hay que distinguir entre cantidad de denuncias, cantidad de IPP y cantidad de delitos efectivamente cometidos. Ninguna de esas variables equivale automáticamente a las otras. Las estadísticas de denuncias, además, no incluyen los hechos que nunca fueron reportados.

  Milei elogió el despliegue de seguridad durante la visita del Papa y lo calificó como "el más grande de nuestra historia"

En la misma discusión, un diputado provincial de La Libertad Avanza cuestionó la tasa general difundida por Alak y puso el foco en los robos. Según los números que presentó, La Plata registró 5.457 robos durante 2025, equivalentes a 716,5 cada 100.000 habitantes, por encima de la media provincial de 681,5.

Ese contrapunto muestra que incluso dentro de una misma fuente estadística pueden construirse diagnósticos diferentes según las categorías que se seleccionen. Una tasa que agrupa múltiples delitos no necesariamente describe la evolución de los robos, del mismo modo que un indicador centrado en robos no representa por sí solo el conjunto de la criminalidad.

La pregunta que sigue sin respuesta

La pelea entre Alak y Alonso dejó planteado un problema que excede la disputa entre el Municipio y la Provincia: la falta de una explicación pública, integral y verificable sobre el recorrido de los datos criminales.

Para despejar las dudas, hay al menos cuatro puntos que deberían aclararse:

- El origen: qué organismo produjo la base utilizada para ubicar a La Plata entre los distritos con menor tasa delictiva y si intervino la Superintendencia de Análisis Criminal.

- La metodología: qué categorías delictivas se incluyeron, cómo se asignaron territorialmente y qué población se utilizó para calcular la tasa.

- La relación entre sistemas: cómo se vinculan los registros policiales, las IPP de la Procuración y la información consolidada por el SNIC.

- Las denuncias digitales: si las presentaciones realizadas mediante Mi Seguridad están incluidas en los datos difundidos por Alak y cómo se contabilizan las que permanecen con tipificación provisoria.

La última cuestión es especialmente relevante porque las denuncias digitales pueden generar una IPP sin pasar por una comisaría y, al mismo tiempo, quedar fuera de las categorías con las que se mide cada delito.

En definitiva, el cruce dejó expuesta una contradicción en el discurso público del ministro: Alonso reivindica la estadística de la Procuración, describe un sistema alimentado por denuncias policiales y desconoce los números atribuidos al sistema nacional, que también utiliza información de las policías provinciales.

Eso no alcanza para afirmar que las cifras de Alak sean correctas ni que las de Alonso sean inválidas. Pero sí obliga a exigir una explicación precisa sobre las fuentes, los criterios de clasificación y los universos estadísticos que cada uno utiliza.

La discusión de fondo no es quién tiene la cifra políticamente más conveniente, sino qué se está contando cuando se habla del delito en La Plata.

Notas relacionadas
Con tu suscripción al Newsletter de Border Periodismo recibirás emails de cada publicación semanal.
* Recibirás emails de cada publicación semanal