La organización internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch le advierte al Presidente de la Nación, Javier Milei, que debería tomar precaución ante tomar decisiones por decreto ante temas judiciales.
"El gobierno de Argentina debería abstenerse de nombrar a los jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial y debería asegurarse de nominar a candidatos en función de sus cualidades, experiencia, diversidad e integridad", señaló Human Rights Watch.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, había afirmado a fin de noviembre que el Gobierno estaba considerando la posibilidad de nombrar al académico Manuel García Mansilla y al juez Ariel Lijo por decreto, ya que la Casa Rosada no encuentra el consenso de dos tercios de votos necesarios en el Senado para lograr este fin.
“Al cumplirse un año de su gobierno, el presidente Milei debe demostrar que su gobierno respeta la independencia judicial siguiendo el proceso legislativo para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema”, apuntó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
“En lugar de designar a sus actuales candidatos por decreto, el presidente Milei debería no minar a candidatos de la mayor integridad y trabajar con el Senado para que sean aprobados”, sumó.
En mayo, la organización había manifestado su preocupación por los jueces promovidos, en particular por Lijo, muy cuestionado por diversas organizaciones de la sociedad civil y referentes del mundo del derecho, señalan, entre otras cosas, que es uno de los jueces de Comodoro Py con menor cantidad de causas de corrupción elevadas a juicio y con mayores demoras en los expedientes que tramitan en su juzgado.
"Argentina necesita fortalecer la independencia judicial, el estado de derecho y los esfuerzos para combatir la corrupción", había comentado entonces Goebertus, agregando: "El gobierno debe considerar cuidadosamente las preocupaciones planteadas sobre el juez Lijo y garantizar que todos los nominados a la Corte Suprema tengan la más alta integridad y calificaciones".
La organización de derechos humanos señala que Argentina ratificó tratados de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exigen asegurar la independencia e imparcialidad del poder judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que los jueces deben ser nombrados mediante un “adecuado proceso de nombramiento” que proteja su independencia, en particular frente a los poderes ejecutivo y legislativo, afirman.
La organización recordó el antecedente de Mauricio Macri, que intentó utilizar la misma disposición constitucional para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema por decreto presidencial. En ese instante, Human Rights Watch y otras organizaciones civiles y juristas criticaron esa decisión. Pero los dos jueces nombrados por Macri, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rossatti, no asumieron el cargo hasta que obtuvieron los dos tercios de los votos requeridos en el Senado gracias a un acuerdo del macrismo con el peronismo.
