El juez federal Sebastián Casanello ordenó la inhibición de bienes de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero que fue llamado a indagatoria en el marco de la causa que investiga administración fraudulenta, coacción y extorsión a beneficiarios de planes sociales.
Justamente la citación a indagatoria tuvo lugar luego de que se sospechara del manejo de dinero de la organización a través de facturas truchas y gastos que no eran tal.
El juez citó a indagatoria a 23 acusados que se realizarán en seis audiencias que comenzarán el próximo 11 de junio y se extenderán hasta el 25, cuando sea el turno de Belliboni. Ayer, Belliboni se presentó en la causa con la representación de la abogada Liliana Alaniz.
En la causa se investiga una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El juez dispuso la inhibición de bienes de Belliboni y la otra veintena de convocados a indagatoria. No sólo se trata de los bienes, sino que a pedido de la fiscalía, también incluyó las billeteras virtuales.
Origen de la causa
Se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente.
Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
“Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres (3) grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social”, sostuvo el fiscal Pollicita en su acusación.
