A través de la habitual conferencia de prensa de Manuel Adorni, el Gobierno negó la existencia de “un pacto de inmunidad” con el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro para ofrecer asilo político a 65 ciudadanos del país limítrofe que supuestamente ingresaron a la Argentina y que se encuentran acusados de participar en el intento de golpe del 8 de enero de 2023 contra el actual presidente, Lula da Silva.
En este sentido, el vocero sostuvo: “No hacemos ningún pacto de inmunidad con Bolsonaro ni lo haremos jamás con nadie. Es un tema judicial. La Justicia tomará las medidas correspondientes cuando llegue el momento de tomarlas y las respetaremos”.
Además, afirmó que “si la Justicia de Brasil le solicita a la (justicia) argentina una determinada cuestión, será una decisión de la justicia local cuál es la medida que toma”. Y agregó: “No sé si hubo negligencia por la entrada”.
Así mismo, el canciller brasileño, Mauro Vieira, minimizó el abismo ideológico que separa a los presidentes de ambos países y afirmó que estas diferencias no afectan de ninguna manera la “histórica relación de alto nivel” que comparten ambos países.
En esa línea, Vieira señaló: “La relación entre Brasil y Argentina es histórica, es muy importante y se trata de socios inseparables”, que mantienen “un diálogo absolutamente normal”.
Por otro lado, explicó que mantiene “un contacto directo y personal” con su homóloga argentina, Diana Mondino, con quien se reunió cinco veces desde la asunción de Milei. “Mantenemos la relación en el más alto nivel y seguirá siendo así”, aseguró.
Por otro lado, el gobierno de Lula adelantó que va a pedir la extradición de 65 brasileños que escaparon a la Argentina tras participar del intento de golpe del 8 de enero de 2023 cuando miles de seguidores de Bolsonaro tomaron por asalto las sedes de los tres poderes del Estado para exigir la restitución del ex presidente en el poder.
La prensa brasileña afirmó también que 65 fugitivos fueron localizados por las autoridades argentinas y ninguno de ellos pasó por los controles migratorios. Los nombres de estos brasileros acusados por la justicia de su país surgieron en el marco del operativo conocido como Lesa Patria.
El pasado 14 de junio, el Parlasur envió un pedido de “información fidedigna” al Ministerio de Seguridad de Argentina sobre el destino de estos prófugos imputados por los ataques violentos contra las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Tribunal Supremo, en la capital de Brasil.
Desde la administración nacional, han dicho que por el momento no recibió ninguna comunicación por parte del organismo encargado de la protección y asistencia de los refugiados en el país, y que en el caso de que haya una condena firme contra esas personas, se opondrá a otorgarles el estatus de refugiadas.
