El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, intensificó su reclamo al Gobierno nacional por los fondos coparticipables, presentando una nueva advertencia ante la Corte Suprema. Este conflicto se remonta a 2020, cuando la administración de Alberto Fernández recortó significativamente los fondos destinados a la capital.
Mediante una presentación ante el máximo tribunal, Macri enfatizó que el Gobierno aún no ha cumplido con el fallo que ordenaba el pago de los fondos de coparticipación. “Seguimos esperando del Gobierno nacional los fondos de coparticipación fijados por el fallo de la Corte. Ya es tiempo de que se cumpla. Son recursos que necesitamos y que nos corresponden constitucionalmente”, subrayó Macri durante su reciente discurso en la reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
El argumento del gobierno nacional de que los fondos fueron girados a la provincia de Buenos Aires fue cuestionado por el mandatario porteño. En su escrito, Macri detalló que esas partidas tampoco fueron entregadas a la administración de Axel Kicillof, lo que, según él, refuerza la necesidad de que la Ciudad reciba los recursos adeudados.
El origen del problema
La controversia sobre la coparticipación comenzó cuando la administración de Mauricio Macri incrementó el porcentaje destinado a la Ciudad, elevándolo al 3,5% para financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, redujo esta cifra al 1,4%, destinando los fondos a la provincia de Buenos Aires para fortalecer sus fuerzas de seguridad.
En diciembre de 2022, la Corte Suprema dispuso que la Casa Rosada debía restituir a la Ciudad un 2,95% de los fondos coparticipables, ordenando que los pagos se hicieran de manera diaria a través del Banco Nación. A pesar de esta resolución, el gobierno nacional aún no ha cumplido con el fallo, generando tensiones continuas entre ambas administraciones.
Ante este panorama, Jorge Macri mantiene reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado un entendimiento que permita la transferencia de los fondos. Este incumplimiento llevó al jefe de Gobierno porteño a endurecer su postura y a insistir en la necesidad de que se respeten los fallos judiciales.
El impacto financiero de este conflicto es significativo. Según la administración porteña, la deuda acumulada por el incumplimiento de los pagos asciende a cerca de 590 mil millones de pesos. Este monto representa recursos esenciales para la gestión de la Ciudad y la prestación de servicios a sus habitantes.
