El juez federal Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional por el dinero entregado a través del programa Potenciar Trabajo. El magistrado consideró que hay suficientes pruebas para afirmar que el dirigente piquetero desvió parte de los 360 millones de pesos que recibieron la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado hacia una red de empresas fantasmas que, según lo que sostiene el juez, habrían usado para justificar gastos inexistentes con facturas truchas.
En esa línea, Casanello le trabó un embargo de $390 millones a Belliboni y consideró que el dirigente “aprovechó la política pública para intereses partidarios”, según puede leerse en el fallo al que tuvo acceso el medio Infobae.
El procesamiento alcanza tanto a Belliboni como a Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego, al igual que a María Isolda Dotti y Gianna Puppo, todos procesados por “amenazas coactivas”.
Otros procesados por participar en la defraudación y las amenazas son Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia, acusadas de ser autoras de amenazas, y Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz señalados como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
Según indicó la resolución de Casanello, “se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)”.
“En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron” agrega Casanello, y también puntualiza que “no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”.
