En el medio de la polémica interna por su candidatura a la Corte Suprema, el juez federal Ariel Lijo se encuentra defendiendo la misma, respondiendo preguntas, que en total, serán 182.  

Lijo se presentó hoy a las 10 ante la Comisión, luego de haber sido postulado principio de año por el presidente Javier Milei para ocupar un lugar en el máximo tribunal. Se trata de el primero de los dos candidatos a integrar el tribunal que se presenta en la Cámara alta. El otro es el abogado Manuel García Mansilla, quien lo hará el miércoles 28 a la misma hora. Aún no están garantizadas las firmas del pliego de Lijo ni del de Mansilla, que deben contar con la firma de nueve de los diecisiete integrantes de la Comisión de Acuerdo, la cual es preciosidad e integrada por la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, junto con siete kirchneristas, cuatro radicales, un representante de La Libertad Avanza y cuatro pertenecientes a bloques federales. 

Al iniciar su alocución, Lijo sostuvo: “La Corte hoy está integrada por académicos, por jueces que provienen por distintos sectores de la actividad jurídica, y yo sería un representante del Poder Judicial”

Alrededor de las 12:00 hs Lijo sostuvo que las «cuestiones de la política» se deben resolver en en el ámbito de ideas que establece la constitución para ese tipo de cuestiones”, en referencia a los conflictos del Ejecutivo que derivan en la intervención de la Corte Suprema. 

«Las cuestiones entre el parlamento y el Poder Ejecutivo tienen también sus propias reglas, de los frenos y contrapesos. Y créanme que no siempre el Poder Judicial puede brindar una solución para este tipo de conflictos«, agregó. 

Durante su alocución, Lijo hizo una presentación personal, en la que detalló sus antecedentes: más de treinta años trabajando en el Poder Judicial.

Argumentó que la función de los jueces no es solo intervenir en los casos que le tocan, y que según su mirada hay otras dimensiones a abordar, como establecer políticas judiciales que influyan a todos los integrantes del Poder Judicial.

“Para eso es indispensable conocer la realidad de la justicia federal de todo el país y de las justicias provinciales, algo que tuve el privilegio de ver de primera mano, cuando en mi rol de secretario general de la Asociación de Jueces Federales,interactué con los diferentes actores que tienen a su cargo resolver los fenómenos criminales de cada región y las personas que los padecen”, dijo, y señaló la importancia de respetar la autonomía de las provincias y los recursos naturales.

“Los casos no se terminan en los papeles que los jueces tienen en su escritorio. Detrás de los casos de criminalidad organizada hay consecuencias que las personas siguen sufriendo y de las cuales también el Poder Judicial debe ocuparse, ya sea con acciones directas formando a sus integrantes como hace permanentemente la UEJN, o bien, coordinando acciones concretas con el Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal, así como emprendiendo acciones en conjunto con el Parlamento para soluciones integrales”, consideró.

Además, habló sobre la importancia de que la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, garantice “el acceso a la justicia eliminando las barreras que hoy en día existen y de este modo hacer que la sociedad pueda gozar de manera efectiva de todos los derechos que la asisten”, mencionando como barreras la cultural y la social,ya que hay personas, según desarrolló, que no se animan a presentarse en Tribunales o no saben cómo acudir a la justicia. También puede mencionarse la autoexclusión, aquellos que consideran “¿para qué voy a ir si no me van a solucionar nada?”, consideró.

También subrayó la importancia de que la Corte pueda tener “una política que implique una tutela efectiva de los casos de violencia doméstica, de género, laboral, de menores y adicciones”, remarcando la creación de la Oficina de Violencia Doméstica. “Se trata de dar respuestas efectivas que resuelvan los problemas de las personas y no quedar en meros discursos o puestas en escena. Este enfoque permite establecer políticas efectivas que marquen el camino a todos los integrantes del Poder Judicial, y las que ya existen mejorarlas para que sean herramientas útiles”, dijo. 

Además, le agradeció al presidente Javier Milei por proponerlo para el cargo: “Le quiero agradecer al Presidente (Javier Milei) por proponerme. Es un gran honor para mí como abogado y como integrante del Poder Judicial. Le quiero agradecer al Honorable Senado de la Nación y a esta Comisión de Acuerdos por recibirme, es una enorme responsabilidad personal e institucional. Los parlamentos son la gran conquista de los procesos constitucionales y el Senado no solamente representa a las provincias en el debate de ideas y en la toma de decisiones del parlamento, sino que también tiene la representación de las provincias, lo que le otorga un valor adicional en cuanto al federalismo que está representado muy especialmente en esta cámara”.

“Es la segunda oportunidad que tengo el privilegio de ser recibido por esta Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación. La primera vez fue en el año 2004, en este mismo salón, cuando fui propuesto para el cargo de juez federal en lo Criminal y Correccional de la Capital, que actualmente ocupo”, recordó Lijo.

Lijo también se refirió sobre la modernización de la Justicia en sus aspectos tecnológicos y en la producción de sentencias, encontrando mecanismos que simplifiquen y bajen el nivel de litigiosidad que llega a la Corte Suprema por diversas vías. También señaló que “debería incluir la discusión sobre si es necesario imponer plazos”, así como también mejorar o modificar las reglas de superintendencia, aumentando la delegación en las cámaras federales en la adopción de decisiones sobre el manejo de recursos. 

“Hay que ir a un proceso de segmentación. Hoy en todos los sectores las propuestas de servicios están estructuradas en función de las múltiples demandas, y el Poder Judicial para un universo de conflictos tiene una propuesta única, utiliza el mismo proceso, los mismos recursos, las mismas personas y los mismos tiempos para una catástrofe ambiental o para el arrebato de un celular”, explicó Lijo, para quien la Corte “debe trabajar en conjunto con el Poder Legislativo para brindar respuestas idóneas, diferenciando los procesos según la demanda, la gravedad, el grado de conflicto. Es razonable que tengamos distintos métodos para distintas demandas, para distintos problemas, esto permite respuestas más rápidas y más acorde a los conflictos de las personas. No hay que quedarse en los diagnósticos, hay que trabajar en las soluciones”.

Luego, remarcó que la Constitución estableció esferas de competencia para cada uno de los poderes, y a su vez fijó un sistema de frenos y contra pesos de funcionamiento entre los tres poderes. “El cumplimiento de esas atribuciones en el marco del respeto al mandato constitucional en la forma y en el fondo tienen una presunción de legitimidad, y soy de la idea de la estabilidad de los actos de los poderes”, dijo Lijo, quien consideró que los controles recíprocos son mecanismos complejos pero “en este escenario tengo una convicción central: declarar la invalidez de una norma es de una gravedad institucional extraordinaria, y sólo debe reservarse a aquellos casos en los que sea imposible sostener su constitucionalidad o cuando se haya violado el proceso deliberativo establecido por la Constitución”. Fue allí que consideró que “las cuestiones de la política deben resolverse en los ámbitos de la discusión pública de ideas. Las cuestiones entre el Parlamento y Poder Ejecutivo tiene las reglas de los frenos y contra pesos y no siempre el Poder Judicial es el poder adecuado ni el que está llamado a resolver esa categoría de conflictos”.

En otro momento de su exposición se refirió al caso AMIA, y consideró que se debe trabajar en la creación de una secretaría que investigue el atentado. “El Poder Judicial debe dar pruebas de que aprendió, se capacitó y está en condiciones de enfrentar cualquier conflicto independientemente de su complejidad”, consideró. “La Corte tiene dos funciones, una centrada en la investigación propiamente dicha, y la otra en la capacitación de los miembros del Poder Judicial y en la implementación de acciones con otras entidades y organismos para luchar contra la discriminación en todas sus formas, en particular contra el antisemitismo, dado que es sin dudas la causa de los dos atentados terroristas, que produjo un crisis global a partir de los acontecimientos del 7 de octubre”, manifestó Lijo, que luego aseguró que esto implicaría establecer una política de Estado desde la Corte, “a través de la cual generar conciencia, compromiso y acciones de todos los actores del Poder Judicial en todo el país”.