La Justicia se encuentra investigando la causa sobre la presunta defraudación millonaria al Estado por parte del Polo Obrero. Según esta hipótesis, habrían desviado parte de la plata que recibía en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo a dos empresas que hacían facturas truchas.

Dichas empresas, que ahora están señaladas por la investigación, son la imprenta Rumbos S.A. y Coxtex SRL, a las que el Polo Obrero desvió $25 millones entre 2020 y 2023. Quienes están a cargo de la investigación creen que parte de ese dinero tenía como objetivo final financiar al propio Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda.

De acuerdo a la información que la Cámara Nacional Electoral (CNE) le brindó al juez federal Sebastián Casanello, el Partido Obrero recibió entre 2020 y 2023, $18 millones de aportes que hizo la firma Rumbos S.A., fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un exdirigente del partido que murió tiempo atrás, y por Roberto Adrián Albornoz, citado a indagatoria para el próximo día 25 de junio. 

Según la investigación, entre 2020 y 2023, la imprenta Rumbos le facturó a la Asociación Civil Polo Obrero, de la cual Eduardo Belliboni es titular, unos $20 millones, y en el mismo período la firma le hizo aportes electorales e institucionales al Partido Obrero por $18 millones. 

Ahora, la Justicia deberá comprobar si esos aportes se hicieron a través de una maniobra de defraudación al Estado Nacional, es decir, con la plata que el exMinisterio de Desarrollo Social le enviaba al movimiento para que comprara herramientas de trabajo, ropa y otros elementos que debían utilizar los beneficiarios de la iniciativa.

No solo eso: se cree que además Rumbos contrataba agencias de publicidad que luego colaboraban con la campaña del Partido Obrero, o pagaba otras cuestiones logísticas. La Asociación Civil Polo Obrero en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo debía garantizar las condiciones de trabajo para los beneficiarios del programa. En esos años recibió $360 millones del Estado Nacional a través de distintos convenios, de los que según información que Capital Humano le entregó a la Justicia solo se rindieron $113 millones: faltarían $247 millones que nadie sabe muy bien para qué se usaron.