La Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió que el Poder Ejecutivo todavía no giró los fondos necesarios para organizar las elecciones legislativas de este año. La advertencia quedó plasmada en una Acordada firmada por sus tres jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, quienes también exigieron al Ministerio del Interior que informe de manera urgente los montos, plazos y modalidades bajo los cuales se realizará la transferencia.
Entre las funciones comprometidas se encuentran el cierre del padrón provisorio y el período de revisión de reclamos, que se extiende hasta el 13 de mayo. “El hecho de que a la fecha no se haya dictado resolución alguna previendo la asignación de partidas implicó en la práctica lisa y llanamente la imposibilidad de contar con esos recursos”, advirtió la CNE.
Actualmente, los fondos para los comicios dependen de la vicejefatura de Gabinete del Interior, a cargo de Lisandro Catalán. Según los magistrados, ya notificaron “la urgente necesidad de contar con las partidas presupuestarias destinadas a solventar servicios personales en las veinticuatro secretarías electorales”.
A su vez, afirmaron que los pedidos “no han sido atendidos hasta la fecha, como así tampoco los cursados conjuntamente con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, orientados a que se autorice el uso de remanentes ya disponibles”.
A la demora presupuestaria se le suma la implementación de la boleta única de papel, que exige “numerosas tareas adicionales en orden a su implementación logística y operativa, la capacitación de la ciudadanía, la designación y formación de las autoridades de mesa y demás sujetos del proceso electoral, el diseño y elaboración de nuevos documentos y materiales electorales, entre muchos otros”.
Los jueces remarcaron que la falta de recursos también compromete a otros organismos con responsabilidades clave en el proceso, como el Comando General Electoral, el Correo Oficial y los proveedores encargados de impresión de padrones, capacitaciones y difusión.
“Resulta imprescindible recordar aquí que los procesos electorales no son un servicio público que uno o varios organismos del Estado proveen a los electores, sino que constituyen el ejercicio de la soberanía popular por parte de la ciudadanía en su expresión más pura, y que es ineludible resguardar”, subrayaron los camaristas.
Finalmente, el tribunal solicitó al Poder Ejecutivo que informe con urgencia los “montos, plazos y modalidades” en que se realizará la transferencia, y exhortó al Gobierno a asegurar la “disponibilidad de las partidas mínimas indispensables para cada uno de los distintos organismos que tienen a su cargo funciones y responsabilidades legales en las elecciones”.
