El fiscal Ramiro González inició una nueva investigación penal por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios en el Ministerio de Capital Humano. Esta surgió a raíz de una denuncia presentada por la ministra Sandra Pettovello contra el ahora ex funcionario Pablo De la Torre, quien fue echado de la administración cuando se conoció el escándalo de los alimentos.
De la Torre habría utilizado un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para pagar sueldos a empleados, lo que fue advertido en las últimas semanas desde la cartera de Capital Humano del gobierno de Javier Milei y que derivó también en una denuncia ante la Oficina Anticorrupción.
Según pudo saber el medio Todo Noticias, el fiscal solicitó los contratos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que se realizaron desde el 10 de diciembre hasta la fecha para determinar el método de pago y los responsables de estos movimientos. En este marco, también citó a declarar como testigo al subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandro Schiavi.
González indicó que la investigación pretende establecer si existieron conductas penalmente relevantes «y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas que participaron de la maniobra”.
La denuncia plantea que, durante mayo, Federico Fernández, funcionario de la Secretaría, reveló que en enero un grupo de funcionarios contrató personal a través de la OEI. Así, los pagos se convertían en dólares y una parte era destinada a De la Torre. Se sospecha que se trataba de contrataciones ficticias para apropiarse del dinero.
Leila Gianni, subsecretaria de Legal de Capital Humano, declaró como testigo que muchos de los contratados no podían facturar por temas impositivos y recurrieron a terceros para hacerlo en su nombre. Así, la OEI transfería los pagos a estos consultores, previa certificación de servicios por parte de funcionarios de la Secretaría de Niñez.
Gianni también limpió de responsabilidades a Pettovello, afirmando que ni la ministra ni otros altos funcionarios estaban al tanto de estas irregularidades. Además, señaló que Schiavi podría proporcionar más información sobre los contratos debido a su rol en la gestión administrativa.
