El juez federal Ariel Lijo solicitó a tres empresas contratistas del Estado nacional que entreguen la información completa sobre la facturación realizada con la consultora +BE, cuyo titular es Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La medida busca determinar si hubo irregularidades en contratos de la consultora +BE con proveedores del Estado. Datco, National Shipping y Foggia Group deberán informar todas sus operaciones y facturaciones vinculadas a la firma.
Las compañías involucradas tienen vínculos con organismos estatales relevantes: Datco provee servicios a ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas; National Shipping es contratista de YPF; y el Grupo Foggia está asociado a la concesión de Tecnópolis.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, que apunta a determinar si Angeletti recibió beneficios irregulares mediante contratos de consultoría con el Gobierno, lo que podría configurar un mecanismo de retorno indebido de fondos públicos.
Además de los pedidos de información a las empresas, el juez Lijo ordenó a la Inspección General de Justicia identificar a los beneficiarios finales de las contrataciones y remitir los legajos societarios de las firmas involucradas. También requirió a la Jefatura de Gabinete, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, que informe si las empresas mencionadas son contratistas habituales del Estado y aporte documentación sobre los procesos de adjudicación.
La causa se tramita en paralelo a otras investigaciones que involucran a Manuel Adorni, entre ellas una por presunto enriquecimiento ilícito encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita.
Adorni asumió en enero de 2026 como director titular de YPF en representación del Estado, lo cual añade relevancia al vínculo entre National Shipping y esa empresa pública.
Hasta el momento, no existen imputaciones formales ni procesamientos en esta causa. Los posibles delitos bajo análisis incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad, aunque la investigación se encuentra en etapa preliminar.
En otro avance del expediente, la Justicia autorizó levantar el secreto fiscal de Adorni y su esposa para analizar movimientos patrimoniales, financieros y declaraciones juradas vinculadas a una propiedad en Exaltación de la Cruz.
El expediente busca determinar si hubo omisiones o inconsistencias en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y si los movimientos financieros se corresponden con sus ingresos declarados. En este marco, la Justicia analiza operaciones entre diversas billeteras digitales utilizadas por Adorni y otras cuentas bancarias o virtuales asociadas.
Entre los movimientos financieros bajo análisis, se identificaron transferencias que podrían rondar los 100.000 dólares, aunque la cifra exacta aún no fue determinada y sigue siendo objeto de peritajes y cruces de información.
La reconstrucción patrimonial también reveló que Adorni posee el 33% de un terreno heredado tras el fallecimiento de su padre. Además, figura un departamento en el que actualmente reside su madre.
UF



