Las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior se reunieron este miércoles y dieron dictamen favorable al proyecto de Ley “Antimafias”, impulsado por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich para un abordaje integral del crimen organizado, incluyendo penas más altas y extinción de dominio.

Así, la iniciativa quedó lista para ser votada en el recinto de la Cámara de Diputados, pese al rechazo de Unión por la Patria (UxP).

Durante el transcurso de la tercera reunión de comisiones de la jornada, la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, legisladora del PRO, confirmó que iban a proceder con la firma del despacho mientras se estaba debatiendo en el anexo C, el proyecto de baja de la edad de imputabilidad.

Que propone la «Ley Antimafias»

La iniciativa propone una exhaustiva reforma del Código Penal para penalizar de la misma forma a todos los miembros de las bandas delictivas o asociaciones ilícitas, ya que hasta ahora se imponían las escalas de acuerdo a la participación que tuvo cada miembro en el mismo delito.

Es decir, que la pena más alta que recibe un miembro de la organización criminal en función de haber cometido el delito más grave será aplicada también al resto de los integrantes de la banda, dado que son considerados partícipes necesarios del acto delictivo final.

En el proyecto se enumeran los tipos penales específicos que se inscriben dentro de esta figura de asociación ilícita: tráfico de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos. Ante estos crímenes, la iniciativa contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

El proyecto del Poder Ejecutivo incorpora el instituto de «reiterancia» al Código Procesal Penal y otorga prisión preventiva a quienes tengan causas previas al delito por el cual están siendo investigados.

Hasta ahora, se consideraba reincidente a toda persona que hubiera sido condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la “reiterancia” ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Además, la iniciativa incluye la acción de extinción de dominio, que consiste en la desposesión de bienes de quienes hayan sido causantes probados de ese tipo de delitos, los cuales son transferidos inmediatamente al dominio del Estado nacional.