La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de Miguel Blanco, comenzará a auditar la Universidad de Buenos Aires (UBA) el 28 de octubre. La nota al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, ya está firmada y la comunicación le llegará en el día de hoy.

Según pudo reconstruir el medio Infobae, en el texto de la nota se le informa al rector que el objetivo del organismo de control que depende de Presidencia de la Nación, a través de cuatro auditores designados, será evaluar la aplicación y rendición de fondos transferidos por la Subsecretaría de Políticas Universitarias -antes secretaría- y la ejecución de los convenios suscriptos por la Universidad de Buenos Aires con distintas reparticiones del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, se le impone a Gelpi que las tareas de auditoría se realizarán de manera presencial, en la sede del Rectorado y de la Facultad de Ciencias Económicas y se le solicita  al rector de la UBA que les proporcione a los auditores el nombre y cargo de la persona que designe como enlace para la la auditoría, quien deberá suministrar la documentación que será requerida por el equipo auditor. Y se le pide a Gelpi que destine un lugar para analizar la información, los contratos y el circuito de rendición de cuentas que debería haber realizado de manera interna la propia UBA, además de que se auditarán los sistemas administrativo-financieros.

Las auditorías fueron anunciadas por el Gobierno a través del vocero Manuel Adorni, luego de que la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, firmara una resolución que habilita a la SIGEN a auditar las casas de altos estudios. 

“El sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N° 24.521″, manifestó Barra. 

Hasta el momento, la tarea sólo podía ser realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), un cuerpo colegiado que responde al Congreso de la Nación, no al Poder Ejecutivo, encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante la administración de Alberto Fernández.

“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, señala el Dictamen de Barra, cosa que también se le recuerda a Gelpi en el texto de la nota que se le envió.

Las auditorías suceden en medio del tenso conflicto entre el gobierno y las universidades, a raíz de los reclamos salariales de docentes y no docentes y del veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del presidente Javier Milei.