La Corte Suprema tratará después de la feria la demanda del gobernador de La Rioja contra el DNU de desregulación económica promovido por el presidente Javier Milei.
Se trata de la primera presentación que se hace ante la Corte Suprema en contra del mega decreto, que ya fue objetado de diferentes amparos en tribunales de primera instancia de diferentes fueros.
Así lo notifico el máximo tribunal de justicia, que esperará hasta que finalice la feria judicial de enero, pero antes de tomar una decisión, esperan una declaración del Procurador Ricardo Quintela, que realizó una acción declarativa de certeza y solicitó que se aplique una medida cautelar.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, elevó un pedido a la Corte Suprema de justicia, para que se declare la inconstitucionalidad del mega decreto de desregulación de la economía presentado el presidente Javier Milei, que entró en vigencia este mismo viernes.
La resolución de apenas una carilla dice: “Se hace saber que esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”, también se aclara que las actuaciones pasarán ahora a la Procuración General de la Nación para que dictamine.
El Gobernador Quintela confirmó esta mañana que la presentación lleva la firma de los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra. Se trata de una “acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad” de la norma impulsada por el Poder Ejecutivo ya que “produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, afirmó Quintela a través de sus redes sociales.
En el documento que inició la causa se advierte que: “el DNU censurado constituye un acto de suma gravedad institucional porque materialmente se trata de la asunción y configuración de funciones legislativas masivas por parte del Poder Ejecutivo que la Constitución en modo alguno admite, porque de admitirse se acabaría con el sistema de pesos y contrapesos y, en definitiva, con las bases mismas del respecto a las competencias de los poderes, que hace al esencia misma de la Escritura fundamental de la República y significa una condición para la coexistencia pacífica y democrática. No es conjetura la gravedad institucional. Con singularidad se presencia una de los acontecimientos de mayor gravedad institucional, dado que se propicia una ruptura de las formas y condiciones instituidas para un racional gobierno republicano”.
