El Gobierno logró la aprobación de la Ley Bases en el Senado, introduciendo múltiples modificaciones que fueron clave para asegurar el respaldo necesario. Esta serie de cambios fue anunciada por el senador y presidente previsional, Bartolomé Abdala (LLA), en la apertura de la sesión del miércoles. Las enmiendas y acuerdos alcanzados permitieron evitar una derrota que parecía inminente, consolidando 36 votos a favor gracias al apoyo de la UCR y el PRO.

Empresas a privatizar

Uno de los cambios más significativos fue la reducción de la lista de empresas a privatizar. El Gobierno decidió excluir a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino. De esta manera, solo quedarían Enarsa e Intercargo. En cuanto a las concesiones, se mantuvieron Aysa, Belgrano Cargas, Corredores Viales y la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse). El dictamen también incorporó una prohibición para disolver organismos vinculados a la cultura y excluyó a la Comisión Nacional de Energía Atómica de la facultad de intervención. Estos cambios buscan proteger áreas sensibles del Estado, permitiendo al presidente Milei reducir o desfinanciar dichos organismos sin necesidad de eliminarlos.

Eliminación del capítulo previsional

Otro punto crucial fue la eliminación del capítulo que derogaba la moratoria previsional, manteniendo así la ley que establece un plan de pagos para aquellos empleados que no lograron reunir los 30 años de aportes necesarios. Abdala confirmó la eliminación de los artículos 226 y 227 del dictamen, los cuales establecían un sistema de jubilación proporcional.

Obras públicas y apoyo regional

Para obtener el respaldo de senadores dependientes de los gobernadores, se reanudaron obras públicas con financiamiento internacional. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, lideró esta estrategia, firmando convenios con gobernadores para el traspaso de obras públicas, una medida clave para asegurar los votos necesarios. En este marco habilitaron obras para Córdoba, la administración para las provincia de algunas represas en Entre Ríos y la Patagonia, una planta de Gas Natural Licuado y una rotonda en la rionegrina Choele Choel.

Un voto por una embajada

El tema más debatido no fueron los artículos en sí, sino el cambio de vida de la neuquina Lucila Crexell, quien aceptó el cargo de embajadora de la Unesco en Paris-cargo anteriormente propuesto a un referente de La Libertad Avanza-. La senadora recibió cuestionamientos de sus pares dentro del recinto, además de una denuncia penal por presunta aceptación de dádivas y pedidos de varios legisladores para que no pueda emitir su voto.

La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado marca una victoria para el oficialismo, aunque con muchas concesiones y un proyecto original bastante diluido. Las iniciativas ahora volverán a la Cámara de Diputados para su consideración, donde se decidirá si se ratifican o rechazan los cambios introducidos por el Senado.

El primer artículo, en el que se declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, faculta al Ejecutivo con poderes especiales en estas áreas. Cabe aclarar que en Diputados se recortó bastante, cuando pasó de 11 emergencias a tan solo cuatro.

En cuanto al apartado sobre privatizaciones, el gobierno aceptó excluir Aerolíneas Argentinas de las empresas pasibles de ser privatizadas para poder avanzar con la ley. Aunque aun resta saber si sucederá algo más en Diputados en torno a este punto. 

Desregulación del Estado

Se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos y se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); Superintendencia de Seguros de la Nación; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. 

Además, se incluyó un párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

Empleo público

Los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.

Modernización laboral

Si bien un sector de la UCR quiso limitar el poder de los sindicatos a través de una de sus principales fuentes de financiamiento, esta cláusula finalmente fue eliminada del dictamen firmado. Se quitó el artículo establecía que, para los empleados no afiliados a los gremios, sólo se podían cobrar cuotas solidarias con su consentimiento previo. Con lo cual, se le podrán cobrar cuotas de todas maneras. 

Justa causa de despido

Se incluyó la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.

Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI):

Fue reformulado el artículo 163 que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI. Así mismo se incluyó un inciso en donde se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI, y se limitó la capacidad de accionar de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería exclusivamente a la provisión de la empresa dentro del régimen.

También se incluyeron incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales, así como también se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.