El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, decidió presentar dos denuncias contra la jueza Karina Andrade este lunes. La controversia surge a raíz de su decisión de liberar a más de 100 individuos detenidos tras los disturbios que tuvieron lugar durante una protesta de jubilados frente al Congreso el pasado miércoles.
El primer paso en este proceso se concreta con una denuncia formal en los tribunales de Comodoro Py, donde se acusa a Andrade de prevaricato y encubrimiento en el contexto de la causa por sedición. Fernando Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial, es quien firma este escrito.
Además, en un segundo evento, se lleva a cabo una comparecencia ante el Consejo de la Magistratura porteño, donde se solicita la destitución inmediata y sin condiciones de la magistrada. Mientras tanto, Andrade defiende su postura, argumentando que toma la decisión de liberar a los detenidos por la falta de pruebas, actuando así en la madrugada del jueves 13.
La jueza asevera que el apoyo legal no le corresponde a ella, sino al fiscal, ya que, según su criterio, los arrestados no estaban bajo su control directo. En sus declaraciones, la jueza subraya que “las detenciones estaban siendo informadas sin los datos básicos”, y añade que “no había un control judicial efectivo”. Además, señala que resolvió anular la detención masiva de los manifestantes, enfatizando que su decisión no fue impulsiva sino que se basó en “la priorización de derechos, como el derecho a expresarse y a manifestarse”.
Las razones
En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, Andrade decidió liberar a los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea, como WhatsApp, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía, señala la acusación.
Además, la jueza permitió además que defensores no designados intervinieran en el proceso, una violación clara de las normas procesales, ya que según el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los defensores oficiales solo deben intervenir cuando sean expresamente designados.
