Los argumentos: la Cámara del Trabajo elevó la reforma laboral a la Corte Suprema

Mientras se espere la decisión del máximo tribunal de justicia, las medidas impulsadas en el DNU se mantendrán suspendidas.
Por: #BorderPeriodismo

La Cámara Nacional del Trabajo dio paso finalmente a la apelación del Gobierno Nacional de Javier Milei y el caso pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá tomar una decisión pronto. Mientras tanto, la reforma laboral impulsada en el DNU continuará suspendida.

Se trata de un recurso extraordinario que interpuso la Procuración del Tesoro contra la cautelar que organizaciones emitieron contra las medidas del presidente.

Los jueces Carlos Posse y Alejandro Sudera consideraron este jueves que el tema es de «gravedad institucional», por lo que se precisa de la intervención del máximo tribunal de justicia.

El capitulo IV del DNU impulsado por Javier Milei, hace tan solo algunas semanas, recibió no una, sino tres cautelares  en contra para evitar que entre en vigencia y se implementen las reformas de ese tipo.

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En este caso, los magistrados actuaron de forma «devolutiva», por lo que se mantienen en pie las cautelares. Sin embargo, también pudieron optar por el «suspensivo», que dejaba sin efecto las presentaciones contra el DNU hasta que hubiera una definición por parte de la Corte.

«Existen razones de gravedad institucional que legitiman la intervención del Superior por encontrarse afectado el funcionamiento de las instituciones jurídicas y la eficacia de un medio técnico que permite al Poder Ejecutivo emitir mandas de carácter legislativo que tienen eficacia inmediata salvo que sean dejadas sin efecto por el Congreso», se detalló en la resolución de este jueves.

Sobre la decisión de mantener suspendida la reforma, la Cámara resaltó que este capítulo interpela a un sector «socialmente vulnerable y la entidad accionante (CGT) representa a un vasto sector de la clase activa y acciona en defensa de sus intereses».

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Por otro lado, las autoridades judiciales destacaron que hay que «preservar el principio de eficacia de la jurisdicción y permitir la solución de un conflicto que tiene gravedad institucional y que debe ser resuelto pretorianamente para salvaguardar el orden y la paz social». Y agregan: «Es necesario preservar el principio de división de poderes en que se apoya la Carta Magna evitando todo eventual abuso de poder».

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