La Justicia revocó la morigeración de la prisión preventiva de Claudio y Facundo Albini. Argumentó que su jerarquía dentro de la asociación ilícita y su rol como funcionarios públicos incrementan el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata resolvió revocar el beneficio de arresto domiciliario otorgado a Claudio Albini y su hijo Facundo Albini, dos de los principales imputados en la causa que investiga una maniobra de fraude en la Legislatura bonaerense. Ambos están procesados por los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública reiterados en al menos 136 hechos.

La resolución judicial a la que accedió #BORDER se basó en que los Albini ocupaban roles de jerarquía dentro de la estructura delictiva investigada y que, a diferencia de Julio Segundo Rigau, alias “Chocolate”, eran funcionarios públicos. Este punto fue central para la fiscal Betina Lacki y el representante de la ONG Poder Ciudadano, quienes impulsaron la apelación contra la morigeración concedida por el juez de Garantías Guillermo Atencio.

La domiciliaria de los Albini no se concretó porque era un fallo de primera instancia que debía seguir su camino procesal. No porque faltaran pulseras o tobilleras de monitoreo electrónico. La ausencia de estos equipos afectó (por poco tiempo) a Rigau, que ya tenía el aval de la Casación provincial.

Los camaristas Miriam Ermili y Fernando Mateos sostuvieron que la morigeración del encierro no neutralizaba los riesgos procesales, que persisten en la causa. En cambio, el camarista Ernesto Ferreira votó en disidencia y defendió la resolución de Atencio, pero quedó en minoría. Con este fallo, Claudio y Facundo Albini deberán continuar detenidos en una unidad penitenciaria mientras avanza la investigación judicial.

El rol clave de los Albini en la trama de corrupción

Uno de los principales argumentos de la Cámara para revocar la morigeración era la jerarquía que los Albini tenían en la organización.

En su rol de Subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini recibía las tarjetas de débito de los “empleados fantasmas” y supervisaba.

Facundo Albini, por su parte, mantenía contacto directo con Rigau y le exigía la rendición de cuentas ante su padre. La evidencia recolectada en la causa incluye mensajes de WhatsApp entre él y Rigau.

Además, se resaltó que desde el inicio de la investigación los Albini intentaron entorpecer la recolección de pruebas. Por ejemplo, cuando se presentó a la Justicia, lo hicieron sin sus teléfonos celulares, a pesar de que ya existía una orden de secuestro sobre esos dispositivos. También se detectó que Claudio Albini intentó desprenderse de bienes de gran valor patrimonial, lo que fue interpretado como un intento de ocultar activos y evitar eventuales decomisos.

Peligros procesales

Los jueces de la Sala III consideraron que conceder el arresto domiciliario a los Albini pondría en riesgo el proceso judicial, debido a los siguientes factores:

Intento de eludir la acción de la Justicia: La fiscal Lacki señaló que Claudio Albini intentó desprenderse de bienes de gran valor patrimonial tras ser imputado, lo que fue interpretado como una maniobra para evitar el decomiso de activos.

Influencia sobre testigos y pruebas: Se destacó que los imputados tienen una amplia red de contactos dentro del ámbito legislativo, lo que podría permitirles obstruir la investigación.

Gravedad de los delitos: El fraude investigado socava la legitimidad de las instituciones públicas, afectando a toda la sociedad.

Pena en expectativa: La pena que enfrentarían los Albini en caso de ser condenados no sería excarcelable, lo que refuerza el riesgo de fuga.

Los jueces también tomaron en cuenta que la causa aún se encuentra en etapa de investigación y que los Albini, por su posición en la estructura delictiva, tienen capacidad para manipular pruebas y testigos. Además, la defensa de los imputados no presentó ningún argumento que justifique de manera excepcional la morigeración de la prisión preventiva.

Mensaje entrelíneas

Con esta decisión, la Justicia bonaerense envía un mensaje contundente sobre la gravedad de los hechos investigados y la necesidad de evitar cualquier posibilidad de impunidad en una de las mayores causas de corrupción que afectan a la Legislatura de la provincia.

Mientras tanto, Julio “Chocolate” Rigau continúa bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, lo que sigue generando controversia. Sin embargo, la Cámara dejó en claro que su situación no es comparable con la de los Albini, quienes seguirán en una cárcel común hasta que avance el proceso judicial en su contra.