El juez Roberto Andrés Gallardo, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, dio una instrucción clara al gobierno porteño, liderado por Jorge Macri, para que se encargue de organizar el operativo de seguridad para la marcha de jubilados programada para este miércoles 9 de abril. En este contexto, el magistrado enfatizó que el Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, no deberá intervenir en la manifestación "más allá de los límites de protección de intereses federales".
La decisión del juez se produce tras recibir un pedido de medida cautelar de parte de varios sindicalistas. La marcha de esta semana coincide con el paro general previsto para el jueves 10 de abril y, por lo tanto, contará con el respaldo de diversas organizaciones. En particular, los dirigentes Jorge Piumato y Maia Volcovinsky del Sindicato de Judiciales, junto a Alejandro "Peluca" Gramajo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, solicitaron oficialmente que se coordine la seguridad de la protesta y que se delimiten claramente los "objetivos federales" que requieren custodia por parte de las fuerzas federales.
En el documento presentado al juez, los sindicalistas expresan que las fuerzas federales, bajo la conducción de la ministra Bullrich, actúan de manera “ilegal” en el ejercicio del derecho a la protesta. Recuerdan cómo en la marcha del 12 de marzo, se produjeron situaciones de represión, que resultaron en la herida del fotógrafo Pablo Grillo y la detención de 114 personas, además de alegar que estas acciones se llevaron a cabo sin la debida autorización y excedieron su función de protección del Congreso.
Gallardo, en su dictamen, ordena que la Ciudad de Buenos Aires se encargue de "desplegar, organizar, planificar y ejecutar" el operativo de seguridad de manera autónoma, garantizando tanto el orden público como el derecho de los ciudadanos a manifestarse. En este sentido, insta al ministerio de Bullrich a que "se abstenga de intervenir e interferir en la autonomía" del gobierno local en lo que refiere a la seguridad pública.
Además, el magistrado manifestó su preocupación ante un patrón de conducta "avasallador y excesivo" de las fuerzas de seguridad federales. Destacó que en manifestaciones anteriores, el despliegue de estas fuerzas se había extendido más allá de lo necesario, alejándose notablemente de los edificios donde efectivamente tienen su función, que en este caso es el Congreso.
Finalmente, el juez recordo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha adherido al protocolo estipulado por la resolución ministerial 943/2023, conocido como el protocolo antipiquetes, subrayando que la adhesión a tales normas requiere de un acto formal por parte de las autoridades correspondientes.
