Varias investigaciones intentan demostrar las irregularidades en el otorgamiento de los planes sociales que cobran las personas más vulnerables y el presunto accionar extorsivo de las agrupaciones piqueteras. Uno de los fiscales que trabaja en el tema, Guillermo Marijuan, desde hace meses viene detectando que miles de beneficiarios cobran ayuda social sin cumplir con los requisitos que exige la normativa.
Ayer, Marijuan le solicitó al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, a “extremar los controles necesarios” sobre las asignaciones que el Estado abona a través de ese organismo, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Fue en el marco de la investigación de la causa en la que se investiga un perjuicio de $ 5.842.000.000 anuales por el cobro de 2.954 pensiones PUAM, las cuales se le otorgan a personas mayores de 65 años, supuestamente en condiciones de vulnerabilidad, pero que no viven en la Argentina.
Marijuán resaltó el trabajo que lleva su colega Gerardo Pollicita, quien investiga posibles extorsiones de organizaciones sociales a beneficiarios de ayuda social denunciadas a través de la línea oficial 134 que habilitó el Gobierno.
Los referentes piqueteros involucrados en esos hechos minimizaron esas llamadas, pero Marijuan afirmó, en entrevista con Radio La Red: “Hay miles de llamadas, muchas se las descarta, pero hay una inmensa mayoría como las que está trabajando el doctor Pollicita y otros fiscales en el interior del país, donde la persona está completamente identificada”.
El fiscal afirmó además lo que sucede con las personas que son obligadas a participar de las movilizaciones o a dejar dinero en las organizaciones piqueteras, “es algo que se ha repetido a lo largo de mucho tiempo” y recordó que “hace muchos años, cuando fue ministra de Trabajo, Patricia Bullrich puso en funcionamiento una línea para que la gente se comunicara, y en ese momento dio muchísimo resultado”.
“El Estado nacional y los estados provinciales tienen que tener organismos de control eficaces y eficientes para impedir este tipo de delitos. Y tiene que haber una comunicación clara con la población para decirle que no tienen ninguna exigencia que cumplir con un tercero por fuera de lo que les pide el Estado. Ningún líder social, ninguna persona en particular tiene la posibilidad de darle una baja a un plan”, añadió Marijuán.
Entre los dirigentes involucrados figuran Eduardo Belliboni, del Polo Obrero; Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.
Marijuan recordó que cuando imputó a Belliboni en una de sus investigaciones, “lo primero que hizo” fue recursarlo. “También dijo que lo estaba persiguiendo. Yo le dije que lamentablemente no podía acceder a la recusación porque lo estaba conociendo en la audiencia. Siempre vienen con este tipo de argumentación, pero hay miles de personas, cientos de personas que declaran, que no son inventos. Hay gente que después se las cita a declarar, exhibir su DNI y ratifican lo que dijeron en los llamados”.
“Tendrán que enfrentar las consecuencias. No hablo en particular de que ellos sean los responsables porque no conozco todos los llamados, pero sí sé que contienen infinidad de comunicaciones que tienen que ver con distintos movimientos sociales, con gente a la que obligan a hacer cosas que no corresponden”, añadió el fiscal, e insistió con la necesidad de que el Estado refuerce los controles, aunque resaltó la actual gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“La anterior ministra (Victoria Tolosa Paz) dio muchas menos bajas de las que habíamos solicitado. Cuando cambia el Gobierno, la actual ministra dio de baja muchísimos más. Pero tiene que seguir el control permanente”, aseguró.
Además, contó que con Pettovello se reunió a los pocos días de que asumió el nuevo Gobierno y notó “una particular preocupación, porque se advirtieron los fraudes que se estaban cometiendo, y sé que están trabajando de la manera más seria posible”.
