El expresidente Mauricio Macri cuestionó con dureza la decisión de la Justicia bonaerense de suspender temporalmente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, el referente del PRO rechazó la medida cautelar que frenó la normativa nacional y advirtió sobre “una alteración en el equilibrio de los poderes del Estado”.
Mediante una publicación en X, el ex mandatario tildó de “inaceptable” que un fallo de primera instancia provincial suspenda los efectos de una norma federal. “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”, argumentó Macri.
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.
La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 9, 2026
En su descargo, cuestionó directamente los argumentos técnicos del fallo y señaló que “la jueza reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones”, en alusión a la postura de la magistrada sobre la necesidad de intervenir de manera anticipada. Según el exjefe de Estado, “esos elementos que dice tener no fueron presentados”.
Al analizar el alcance de la resolución, Macri sostuvo que se generó una “controvertida situación” en la que una ley votada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo “quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del territorio argentino, por decisión de un juzgado de primera instancia”. A modo de cierre, advirtió: “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado. La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución”.
El fallo de la polémica
La medida que motivó la reacción de Macri fue emitida por la jueza Marta Elba Pascual, al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada concedió un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, ordenando la suspensión por 60 días de la Ley 27.801 a solo 48 horas de su entrada en vigencia. El fundamento principal del juzgado fue el déficit de infraestructura edilicia y de recursos del Estado provincial para contener la mayor demanda que provocará la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
El pronunciamiento judicial cosechó el repudio inmediato del arco político oficialista. Desde La Libertad Avanza bonaerense, su titular Sebastián Pareja consideró el fallo como “profundamente antidemocrática”, mientras que el diputado provincial Manuel Passaglia confirmó que promoverá un pedido de jury para iniciarle juicio político a la magistrada.
En el fuero judicial, la Fiscalía de Lomas de Zamora apeló la resolución bajo el argumento de que la magistrada se extralimitó al invadir competencias exclusivas del Poder Legislativo, solicitando la revocación del efecto suspensivo mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías. En contraposición, la jueza Pascual sostuvo la validez del fallo y justificó la cautelar argumentando que, ante la falta de herramientas para su correcta implementación, la norma “no es más beneficiosa para la comunidad”.
