El presidente Javier Milei instaló por Decreto de Necesidad y Urgencia la reutilización de armas decomisadas por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, con el objetivo de optimizar recursos y reducir costos en la compra de armamento, según el texto publicado en el Boletín Oficial.
El decreto propone que, una vez concluidas las causas judiciales o administrativas, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) recibirá las armas y materiales decomisados para su depósito definitivo, tras lo cual el Ministerio de Seguridad Nacional, que maneja Patricia Bullrich, decidirá su destino.
La normativa, que modifica la Ley N° 25.938, establece que estos bienes podrán ser destruidos o entregados a las fuerzas de seguridad para su uso exclusivo. Así, las distintas autoridades podrán contar con esos elementos, tras la intervención de la Justicia y el ámbito administrativo del Estado.
La medida también introduce cambios en el procedimiento de decomiso y destrucción de armas, indicando que, tras una sentencia firme, la ANMAC determinará los métodos para su eliminación o su aprovechamiento con fines de interés público. En todos los casos, los materiales solo podrán ser utilizados por las Fuerzas Policiales o de Seguridad Federales.
Según los fundamentos del decreto, la decisión responde a la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y optimizar el uso de recursos estatales.
El motivo del gobierno
El Gobierno argumenta que durante años se destruyó miles de armas en condiciones de uso y que la reutilización de estos equipos permitirá reducir gastos en la adquisición de nuevo armamento, en línea con la política de austeridad y control del déficit fiscal.
A la vez, destaca la necesidad de garantizar una trazabilidad estricta de las armas reutilizadas para evitar su extravío o malversación. Para ello, el Ministerio de Seguridad establecerá normas de control sobre el traspaso y uso de los materiales asignados a las fuerzas federales.
El decreto entrará en vigencia de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme al procedimiento previsto en la Ley N° 26.122 para el análisis de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
