En un movimiento que agita aún más las aguas políticas, el gobierno liderado por Javier Milei dio un golpe significativo al eliminar por decreto el controvertido Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Esta decisión marca una escalada en la confrontación con los líderes provinciales, en particular con Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, ya que con esto pierde
Este fondo fue concebido durante la gestión de Alberto Fernández en respuesta a una serie de protestas policiales por mejoras salariales, las cuales apuntaban a la administración de Kicillof. Para financiarlo, se implementó una medida que implicaba la reducción de un porcentaje de los fondos de coparticipación federal destinados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta acción generó tensiones entre la Casa Rosada y el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
La eliminación de este fondo, anunciada ahora, marca un punto crucial en el enfrentamiento político entre el Gobierno central y las administraciones provinciales. Según declaraciones anteriores de Fernández, la medida se justificaba por la necesidad de obtener recursos en un contexto fiscal difícil.
La creación del fondo significó la transferencia de más de 30 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, pero su derogación refleja la postura del actual Gobierno de que afectaba los intereses generales de la Nación, al privar al Estado Nacional de recursos necesarios para la estabilización de las finanzas públicas.
El reciente decreto emitido por el Gobierno argumenta la urgencia de un ajuste fiscal para superar la grave crisis económica y social que enfrenta el país, señalando que la actual administración ha heredado una situación crítica sin precedentes.
Por decreto, se dispone el desfinanciamiento del FISU
Por otro lado, el gobierno de Javier Milei anunció el recorte del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), tradicionalmente alimentados por el Impuesto PAIS, conforme a lo establecido en la ley 27.541. Según esta disposición, el Poder Ejecutivo estaba obligado a distribuir el producto de dicho impuesto de manera específica: un 70% destinado a programas y prestaciones de la ANSES y el PAMI, mientras que el restante 30% se repartía entre el FISU, obras de infraestructura económica y el fomento del turismo nacional.
Sin embargo, y tras la decisión anunciada en el Boletín Oficial, el Decreto 184/2020 ajustó esta distribución, asignando al FISU un 30% de ese 30%, lo que representaba un 9% del total del impuesto. Esta disposición tuvo un impacto significativo en el financiamiento de proyectos de integración socio urbana, llegando a alcanzar en el año 2023 una cifra cercana a los seis mil millones de pesos.
