Un sector duro del kirchnerismo bonaerense con el visto bueno del gobernador, Axel Kicillof, avanza significativamente en la designación de familiares y amigos en cargos de relevancia dentro del sistema judicial provincial. Esta estrategia desató una ola de preocupaciones sobre la posible influencia de la política en la administración de justicia, cuestionando la imparcialidad y la transparencia de las decisiones judiciales en la provincia.
Las vacantes judiciales es un tema que atormenta a la provincia de Buenos Aires desde hace más de una década. Distintos magistrados consultados coincidieron en señalar que “siempre” se trabajó con un déficit de vacantes, pero que la situación se agravó “en los últimos diez años” que involucra a tres gestiones de gobierno: Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y Axel Kicillof. En conversaciones reservadas, la magistratura suele apuntar contra la “politización” de la Justicia, que se traduce en negociaciones “interminables” en el Consejo de la Magistratura y en la Cámara de Senadores, donde está el último filtro. Además, alegan insuficiencia presupuestaria.
Uno de los terrenos en pugna es el Departamento Judicial de Mercedes que abarca varios partidos de la provincia, incluyendo Luján, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, y otros distritos vecinos. “El kirchnerismo se quiere quedar con todo y dejaron fuera de carrera a funcionarios probos de intachable trayectoria”, señalaron fuentes judiciales mercedinas en diálogo con Borderperiodismo.
La cabecera departamental es la localidad de Mercedes cuyo intendente es el abogado Juan Ignacio Ustarroz del PJ kirchnerista, primo del dirigente ultra K y senador nacional, Eduardo “Wado” De Pedro. En la provincia de Buenos Aires funciona el segundo Poder Judicial más grande de América del Sur, solo superado en volumen por el poderoso estado de San Pablo (Brasil). En el proceso de designación de magistrados, los intendentes tienen un papel central.
En las últimas semanas el Ejecutivo bonaerense envió al Senado más de 120 pliegos para la designación de magistrados (jueces, fiscales, defensores oficiales) y llamó la atención las propuestas para el departamento judicial mencionado.
En el concurso para Juez de Tribunal Criminal en Mercedes, examen tomado el 28 de octubre de 2022, hay siete cargos y entraron cinco pliegos a la Cámara Alta. De la Orden de Mérito aprobada por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires por Acta 1127 del día diecinueve de diciembre de 2023 eligieron a:
Orden de Mérito by Border Periodismo
La número 6: Silvina Beatriz Giumelli –esposa de uno de los consejeros del Consejo de la Magistratura que la eligió (Camilo Petiti, Juez de Cámara de Mercedes)
El número 13: Juan Ignacio Musso (mejor amigo de Santiago Eduardo «Lalo» Révora uno de los consejeros del Consejo de la Magistratura que lo eligió. Révora es familiar del senador nacional Eduardo «Wado» de Pedro, a través de la línea materna.).
El número 16: Martin Eduardo Révora (hermano de «Lalo» Révora uno de los consejeros del Consejo de la Magistratura que lo eligió) Se saco apenas un 60 de nota.
El número 23: Juan Pablo Bonnet (vinculado al intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, allego a Axel Kichilof). Calificó con apenas un 60 de nota.
El número 24: Diego Ignacio Purves (candidato apoyado por Camilo Petiti) Se saco apenas un 60 de nota.
Llama la atención que quienes obtuvieron las mejoras notas en base a su desempeño académico y profesional no figuren en la lista enviada al Senado.
Estos movimientos han sido interpretados por algunos críticos como una estrategia para consolidar el control del ejecutivo sobre el poder judicial, lo cual podría tener implicaciones significativas para la independencia y la objetividad del sistema judicial.
EL MECANISMO
El nombramiento de magistrados (jueces, fiscales, defensores y asesores de incapaces) consiste en diversas etapas de engorroso seguimiento, dada la cantidad de organismos y pasos burocráticos actualmente exigidos para las designaciones.
Las vacancias se generan por dos vías: por la renuncia, expulsión, jubilación o fallecimiento de magistrados, o por la creación de nuevas plazas avaladas por la Legislatura bonaerense. Por ejemplo, en una resolución del 15 de junio de 2023, la Corte requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo la creación de 44 juzgados, tribunales y salas para ampliar la planta de Tribunales de la provincia.
Una vez corroborada la necesidad de cobertura, es el Consejo de la Magistratura quien debe llamar a concurso y definir la fecha de evaluación. Los aspirantes deben sortear una prueba escrita y, en caso de desaprobar, pueden pedir la revisión del examen. Finalizada la etapa evaluatoria, se confecciona la lista de aprobados, a los que se les toma una entrevista personal. Luego se envían los integrantes o preseleccionados al Ejecutivo provincial, quien debe escoger dentro de una terna.
El último paso ocurre en el Senado bonaerense, que da el visto bueno final a la designación. Esta es la parte formal de la historia, pero hay un secreto a voces: el peso de los padrinos políticos. En este tópico entra a tallar el poder de lobby de legisladores, intendentes, colegios de la Magistratura y de la abogacía. También las universidades nacionales con sede en la provincia hacen fuerza por alguno de sus «candidatos o candidatas».
En este juego sensible de lucha de poderes nadie alza la voz porque se trata de acuerdos teñidos de política que nadie quiere reconocer y, en algunos casos, se nombran “outsiders” de la maquinaria de poder para cuidar las formas. Ser y parecer, uno de los apotegmas de la «familia judicial».
EL ENOJO DE LA VICEGOBERNADORA
Los 129 pliegos judiciales enviados por Kicillof y su ministro de Justicia, el ultra kirchnerista Juan Martín Mena, generó el enojo de varios actores y en particular el de la vicegobernadora, Verónica Magario.
El secreto a voces en los pasillos del Senado provincial fue confirmado por el newsletter legislativo “Votación Nominal”. En uno de sus detallados informes semanales se informa que los pliegos “quedaron trabados en Mesa de Entradas y Verónica Magario se niega a darles curso a la comisión Asuntos Constitucionales y Acuerdos”.
Magario enfureció cuando leyó la lista de jueces y funcionarios judiciales y no encontró algunos nombres que había pedido para La Matanza. También existen diferencias en los nombres para ocupar cargos en el Departamento Judicial Lanús-Avellaneda donde se libra una feroz interna entre Julián Álvarez y Jorge Ferraresi. También asomaron dudas sobre pliegos de Lomas de Zamora, la patria chica del viajero Martín Insaurralde.
Pliegos Agosto 2024 by Border Periodismo
UN SISTEMA QUE CRUJE
El impacto de estos nombramientos en la justicia bonaerense aún está por verse. Mientras el gobierno provincial sostiene que se trata de medidas destinadas a mejorar la eficiencia y la efectividad del sistema judicial, la percepción pública y la reacción de los diferentes sectores de la sociedad podrían influir en cómo se desarrollarán estos cambios en el futuro.
Es crucial que se mantenga un enfoque equilibrado y que se garantice la transparencia en todos los procesos relacionados con la administración de justicia. La independencia judicial es un pilar fundamental en cualquier democracia, y es esencial que se preserven los principios de imparcialidad y equidad para asegurar que el sistema judicial opere de manera justa y efectiva.
El avance del gobernador Axel Kicillof en el nombramiento de familiares y allegados en la justicia provincial ha desatado un debate intenso sobre la ética y la política en la administración judicial. Mientras que algunos ven estos movimientos como una estrategia para fortalecer la capacidad del sistema judicial en la provincia, otros temen que puedan socavar la independencia del poder judicial y dar lugar a prácticas que comprometan la justicia imparcial.
En un momento en que la confianza en las instituciones es más crucial que nunca, será fundamental que el gobierno provincial y el sistema judicial en su conjunto mantengan altos estándares de transparencia y justicia. La atención de la opinión pública sobre estos nombramientos podría desempeñar un papel importante en asegurar que se mantenga la integridad del sistema judicial bonaerense.
