Minutos después de que Diputados le diera media sanción a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, alternativa a la que el gobierno estableció en su Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Javier Milei se despachó por redes sociales: “Les dejo este tweet para que le quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario. A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita. VLLC !!!”. El hecho abre una nueva posibilidad de conflicto entre el primer mandatario y los legisladores. Vetar una ley es una facultad del presidente, pero, ¿qué es exactamente lo que se votó ayer y cómo funcionaría el veto presidencial en este caso? 

La nueva fórmula: de qué se trata

Ayer en Diputados, poco después de la medianoche, a través de un acuerdo entre Unión por la Patria, la UCR y otros bloques dialoguistas, la oposición logró la media sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La iniciativa, que surgió de una unificación de propuestas del kirchnerismo, la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica, cosechó 160 votos, 72 rechazos y 8 abstenciones. 

Luego de aprobarse la votación en general, el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, propuso eliminar del dictamen el artículo 11. Este establecía la supresión de los regímenes jubilatorios de privilegio para presidentes y vicepresidentes. El diputado lo consiguió: la votación terminó con 109 votos afirmativos, 111 negativos y 15 abstenciones, por lo que el artículo se cayó. 

Esta nueva propuesta jubilatoria consiste en la introducción de un 8,1 % adicional al 12,6 % que ya había, y así arribar a un 20, 6 % de incremento, lo cual supondría una recomposición equivalente a la inflación de enero. Además de actualizar los haberes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la propuesta establece un aumentos adicional una vez al año, en marzo, por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo (en caso de que existiera una recuperación del salario por encima de la inflación).

Así mismo, en el proyecto se estipula que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto. Esto implicaría que, por ejemplo, en los casos de jubilados que cobren la mínima, pasarían a cobrar 285 mil pesos.

Además, de acuerdo a este nuevo proyecto que ahora se discutiría en el Senado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estará obligada a cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales, y a pagar las sentencias firmes a favor de jubilados, pero no a partir de lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como había insistido Hacemos, sino con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional (impuesto al cheque, impuesto PAIS e IVA). La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que esta iniciativa tendría un costo fiscal de 0,43 % del PBI.

Entre quienes rechazaron el proyecto se ubicaron La libertad Avanza y el PRO: el bloque oficialista había formado en comisiones un dictamen que dice exactamente lo mismo que el DNU 274. En él, solo se reconoce una  recomposición parcial del 12,5% de los haberes y sobre esa base actualiza por la inflación.

El hecho desencadenó la furia del primer mandatario, quien ya aseguró que, si la iniciativa se aprobara en el Senado, la vetaría para salvaguardar a toda costa lo que viene siendo una de las grandes banderas de la gestión: el equilibrio fiscal. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Cómo funciona el sistema de vetos presidenciales?.

Cómo funciona el veto presidencial

El veto presidencial es una facultad del Poder Ejecutivo, la cual fue usada por todos los presidentes desde la vuelta de la democracia. Valeria Palanza, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Princeton especializada en el proceso legislativo, explicó en el medio Chequeado que “en su diseño original, el veto presidencial es una atribución pensada para forzar el consenso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Tiene el poder de hacer que tanto el Congreso como el Presidente moderen sus posturas y se acerquen a posiciones aceptables para el otro actor”.

Pero esto no quiere decir que una ley que sea vetada no pueda ser aprobada de todas maneras. Según establece la norma en el artículo 83 de la Constitución, el Presidente puede vetar de forma parcial o total una ley. Si la veta, la ley vuelve a la Cámara de origen y luego pasará a la Cámara revisora. Si las dos cámaras persisten en su sanción, se ratificará el proyecto inicial. 

Eso sí: sin importar si fue aprobada por mayoría simple (la mitad más uno), en el proceso de revisión la ley debe ser ratificada por dos tercios de los votos en ambas cámaras. Es decir, una mayoría especial. Y algo más: el voto es por sí o por no, sin posibilidad de modificar el proyecto. 

Si esto sucede, el Poder Ejecutivo nacional deberá aceptarla y reglamentarla en el plazo que establece la normativa vigente, y no podrá vetar nuevamente una ley ya vetada. 

Para obtener los dos tercios de la Cámara de Diputados hacen falta 177 de los 257 legisladores. La Libertad Avanza cuenta con 38 diputados, a los que se le suman 37 del PRO, 3 del bloque Independencia y otros 3 del MID, dos de Producción y Trabajo y otro número igual de Buenos Aires Libre: es decir, que cuenta con una base de 85 votos a favor sin sumar otros provinciales, lo que dejaría al resto con 172 legisladores.

Cabe destacar que el Congreso raramente insiste en el tratamiento de los proyectos vetados. Según calculó el sitio El Parlamentario, basándose en un relevamiento del Centro de Estudios Nueva Mayoría, desde la vuelta de la democracia solo en 26 ocasiones el Congreso aprobó una ley que había sido previamente vetada.