Odebrecht: la justicia brasileña comunicó que los datos sobre coimas no se pueden utilizar en Argentina porque fueron tomados ilegalmente

Las pruebas contra el empresario "Corcho" Rodríguez fueron declaradas como "inservibles" e "inútiles", según el exhorto, por "manipulación y falta de cadena de custodia". En el escrito se notificó expresamente a la Justicia argentita que tiene prohibido utilizar esas pruebas en casos que se tramiten en el país.
Por: #BorderPeriodismo

El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, determinó la “inservibilidad” de las pruebas contra el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez en expedientes vinculados por las supuestas maniobras de corrupción de la firma brasileña Odebrecht

Las pruebas que fueron desestimadas se dieron como consecuencia de medidas impulsadas por la justicia brasileña y que posteriormente fueron utilizadas de manera ilegal  por la Justicia argentina para acusar a Rodríguez. Recordemos que la empresa brasileña había firmado una «delación premiada» donde reconocía diversos pagos de coimas en decenas de países, sobre todo de América Latina.

Según el principal directivo de la compañía, Marcelo Odebrecht-, se transfirieron a Argentina más de 35 millones de dólares entre 2007 y 2014 a través de «intermediarios» que lo llevaban a funcionarios posteriormente a funcionarios. Gracias a esto, «Odebrecht tuvo beneficios por 278 millones de dólares» en el país.

A pesar de esto, estas acusaciones, en su mayoría, fueron desestimadas en la Justicia de Brasil, por lo que se emitieron las resoluciones 43.007 y 61.387. Estas “declararon la inutilidad, respecto de los denunciantes originales, de las pruebas obtenidas de los sistemas DrousysEsMi Web Día B, utilizado en el Acuerdo de Clemencia firmado por Odebrecht”.

Cabe destacar que en Comodoro Py hay en estos momentos tres causas que, entre otras cosas, investigan corrupción en licitaciones adjudicadas a la constructora. Las mismas están en manos del juez Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Marcelo Martínez De Giorgi.

En este contexto, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez se presentó en Brasil para solicitar el envío de copias de la decisión al Ministerio de Justicia de Argentina en el marco del proceso penal que afronta en Comodoro Py.

Rodríguez detalló que las acusaciones penales etán “basadas en elementos indicativos y probatorios considerados inútiles”, entre otras cosas por su posible manipulación y falta de cadena de custodia. La argumentación del empresario se basa en los datos obtenidos del sistema «DrousysEsMi día web Día B» y a través de un ex directivo de Odebrecht que pidió declarar como arrepentido, Luis Antonio Mameri.

Tras los argumentos que el abogado de Rodríguez, investigado en el caso que instruyó Casanello, Dias Toffoli expuso ante el Superior Tribunal de Justicia brasileño y expresó: “puedo observar que la parte solicitante responde a la acción penal que utiliza pruebas consideradas inútiles por esta Corte Suprema en las sentencias dictadas en Rcl 61.387 y Rcl 43.007, por lo que debe ser admitida, al menos en parte, la reclamación”.

Así, explicó a Comodoro Py, a través del documento, que las pruebas que involucran a Rodríguez son elementos considerados “de inutilidad”, ya que “fue declarada inicialmente por el entonces Eminente Ministro Relator, Dr. Ricardo Lewandowski, debido a una grave violación de la cadena de custodia”.

Los sistemas Drousys y MyWebDay de Odebrecht, en los que se registraban esas coimas y que constituyeron parte de la prueba utilizada en expedientes penales en más de un país de la región, responden al almacenamiento de datos en los Estados Unidos, por lo que el ministro detalló que “todo ello al margen de la legislación. El sistema MyWebDay consistiría en una versión del sistema informático contable de Odebrecht a través del cual se generaban y alimentaban hojas de cálculo para, supuestamente, controlar y organizar la operacionalización del pago de ventajas indebidas”.

Y continuó sobre el sistema Drousys: “consiste en un entorno virtual confidencial destinado al almacenamiento de archivos y a la comunicación entre los miembros del equipo del ‘Departamento de Operaciones Estructuradas’ y entre estos y los operadores financieros (cambistas y controladores de cuentas en el extranjero, por supuesto) para supuestamente permitirles intercambiar mensajes instantáneos y correos electrónicos sobre los hechos ilícitos

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