El Gobierno de Javier Milei dio un paso significativo hacia la instauración de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), desatando una intensa polémica en el mundo del fútbol argentino. Este martes, la Inspección General de Justicia (IGJ) publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 15/2024, que habilita la transformación de asociaciones civiles en sociedades anónimas, permitiendo así la inyección de capitales privados en los clubes deportivos.
La resolución, firmada por Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, establece que estas nuevas normas entrarán en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2024. Este movimiento se alinea con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que ya había planteado la posibilidad de implementar las SAD. Según el Gobierno, esta transformación «es crucial para atraer inversiones y dinamizar la economía nacional, eliminando restricciones estatales que obstaculizan el desarrollo empresarial».
En este contexto, desde el Gobierno informaron que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, detallará próximamente el marco completo para la implementación de las SAD.
La respuesta de la AFA
La medida tiene una firme oposición en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en varios clubes destacados, como Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing y San Lorenzo. En este marco, Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, señaló que esta transformación podría poner en riesgo la autonomía y los valores tradicionales del fútbol argentino.
Qué son las SAD
Las SAD tienen como objetivo principal generar ingresos y maximizar los beneficios económicos. Bajo este modelo, los inversionistas —que pueden ser empresas, individuos o entidades— tendrán el control total de las decisiones estratégicas del club, limitando el papel de los socios tradicionales en la gestión del mismo.
Para que un club se convierta en SAD, se requiere el apoyo de dos tercios de sus socios. Además, los clubes que opten por esta transformación no podrán participar en competencias oficiales hasta que la AFA apruebe la modificación en su estatuto.
La implementación de esta medida presenta un desafío significativo debido a la oposición de la AFA y varios clubes importantes. El Gobierno deberá negociar con las entidades deportivas para encontrar un equilibrio que permita la modernización y el crecimiento del fútbol argentino sin comprometer sus valores fundamentales.
