La Oficina Anticorrupción (OA) se pronunció a favor del ex presidente Alberto Fernández en relación a su jubilación especial. Según comunicaron desde el organismo, la OA “carece de competencias para intervenir sobre el otorgamiento del beneficio”. Además, la OA consideró que “no surgen indicios de la existencia de algún acto que, por haber tenido lugar mediando conflicto de intereses, pueda encontrarse viciado de nulidad” en la gestión del ex mandatario.
Los dichos de la OA responden a un oficio de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), ante una presentación efectuada en noviembre de 2023 por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli.
La PIA ya había se había pronunciado por archivar la denuncia de Campagnoli: “por los hechos informados esta Procuraduría no debería tomar intervención activa en el presente caso traído a estudio, debiéndose archivar estas actuaciones, ello sin que implique afectar a la intervención que tiene en las diferentes investigaciones”.
Cabe aclarar que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó hace algunas semanas el trámite que presentó Fernández para acceder al beneficio: se trata de un ingreso que alcanza un monto total de 7 millones de pesos.
En tanto, Marcela Campagnoli denunció “la posible violación administrativa y/o penal del cumplimiento de los deberes atinentes al ejercicio del cargo de Presidente de la Nación” de Alberto Fernández, y solicitó a la PIA que determine si el cargo de presidente que desempeñó Fernández “ha sido ejercido con la honorabilidad que se requiere para poder acceder al beneficio enunciado en la Ley 24.018”, el régimen especial previsional para ex jefes de Estado, entre otros cargos.
Entre los hechos denunciados por la diputada figuran: “Ejercicio de un cargo docente durante el ejercicio de la Presidencia de la Nación, Inobservancia de la norma constitucional que regula el procedimiento de selección de magistrados del Poder Judicial y su prórroga, Denuncias por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública: Vacunatorio VIP y Fiesta de Olivos; Delegación del rol de Presidente de la Nación en el Ministro de Economía Sergio Tomás Massa, La utilización por parte de la primera dama, Fabiola Yáñez, de la Fundación del Banco de la Nación Argentina con el fin de promocionar su empresa personal y La incomparecencia frente a la justicia y su posterior declaración en rebeldía frente a una causa iniciada por haber afectado la dignidad del Juez Leopoldo Bruglia”.
La OA dispuso: “hágase saber a la PIA que la Oficina Anticorrupción carece de competencias para intervenir sobre el otorgamiento del beneficio establecido en la Ley 24.018”.
“Sin perjuicio de la continuidad de las acciones judiciales en trámite contra el ex Presidente de la Nación Alberto Ángel Fernández por los hechos analizados en las presentes actuaciones, el análisis de las presuntas infracciones a las normas de ética pública ha devenido abstracto en atención al cese del funcionario”, sostuvo la OA, y agregó que “no surgen indicios de la existencia de algún acto que, por haber tenido lugar mediando conflicto de intereses, pueda encontrarse viciado de nulidad”.
