Después de haber entregado el plan de distribución de los alimentos que estaban acopiados en dos depósitos, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de apelación para rechazar el fallo del juez Sebastián Casanello que confirmó la medida. Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello aseguran que Casanello se “entrometió” en la administración del Ejecutivo.
Los abogados del ministerio presentaron dos escritos. En el primero se detalla el plan de distribución de la comida, especificando su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, y se entregó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Casanello.
Luego, los letrados apelaron ante la Cámara Federal de Casación Penal solicitando que la decisión judicial sea revocada: “Sin perjuicio del recurso de Casación que aquí se interpone, se informe que esta parte ha efectuado una presentación ante el juez de grado mediante el cual se acompañó un plan de distribución», comienza el documento, y sigue: «Ello con la finalidad de que la conducta de los funcionarios intervinientes no pueda dar lugar a la eventual imputación de algún delito en atención a los términos en que fue dictada la sentencia que recurro. Pero dicha presentación no implica en modo alguno un consentimiento de la resolución”, dice después.
En esa línea, el escrito aclara que la apelación se fundamenta “en la posición asumida por el Poder Judicial”. La cartera de Pettovello hizo referencia a la división de poderes y sostuvo que “el control jurisdiccional sobre la discrecionalidad se limita a corregir una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria pero no a suponer que un juez sustituya a la administración en su facultad de decidir en aspectos fácticos que no presenten aquellos vicios”.
Además, el área de Pettovello criticó tanto al juez instructor, como a los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes confirmaron la cautelar del magistrado de primera instancia y resolvieron que se presente un informe para conocer cómo se repartirían los alimentos.
“La decisión de la Cámara de Apelaciones implica sustituir la voluntad de la administración en la elección de la política de acopio y distribución alimentaria y finalidad de los alimentos -que pueden ser, como en el caso de autos, para situaciones de emergencia- transgrediendo el sistema republicano el gobierno y la separación de poderes que esto conlleva”, manifiesta el escrito.
El documento puntualiza que ya se entregó la leche en polvo y la harina de maíz que estaban próximos a vencer, y que el resto de los productos serán entregados a escuelas vulnerables. En esa línea, los funcionarios nacionales propusieron al Poder Judicial que las áreas de desarrollo social de todas las provincias se sumen al plan para repartir los alimentos. “Los porcentajes de asignación de alimentos en las provincias que adhieran se definirán a partir de una lógica de distribuidor de recursos alimentarios utilizando el ICSE (Índice de Contexto Social de la Educación)», dice el documento.
El texto, firmado por la subsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, dice también: “La manifestación de voluntad deberá efectuarse en el plazo perentorio que va del 24 al 28 de junio del corriente. Una vez vencido el referido plazo, trabajaremos exclusivamente con las provincias que hayan decidido recibir alimentos para lograr, con la máxima premura posible, la entrega de estos”.
“La adhesión implicará la obligación de proceder al retiro, a cargo de la jurisdicción, de los alimentos en las cantidades y ubicación que se establezcan mediante Convenio de Colaboración que deberá suscribirse a tal efecto”, concluye el texto.
