Una solicitud de juicio oral recayó sobre siete funcionarios de la provincia de Buenos Aires que fueron procesados por vejaciones, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, según confirmaron fuentes judiciales a Borderperiodismo. Los acusados forman parte del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia bonaerense, repartición que depende del ministerio de Desarrollo Humano a cargo del ministro Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los dirigentes de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof.
Tal como este medio adelantó, el 11 de junio de 2023 en el sector polideportivo del centro cerrado Gregorio Araoz Alfaro, ubicado en avenida 520 entre 226 y 231, al oeste de la capital provincial, el funcionario Oscar Luis Tacchi, en ese momento subdirector, aplicó una feroz agresión con golpes de puño, cachetadas y patadas a ocho menores. Luego de esa noche, algunos jóvenes fueron trasladados inmediatamente a otras dependencias y otros fueron encerrados en los buzones o calabozos de castigo, aislados durante varios días y sin atención médica.
La selección de los internos realizada por Tacchi no fue al azar. Fue un claro castigo contra los responsables de iniciar un reclamo dentro del Centro y, al no ser atendidos, incendiar unos colchones en otro sector del edificio. Según los testimonios de las víctimas, Tacchi hizo que ocho internos fueran al gimnasio y allí los golpeó en presencia del asistente de minoridad, Mariano “Fatiga” Ferrari y de los jefes de guardia Florencio Chamorro y Sebastián Maldonado.
Tras apalearlos, Ferrari y Chamorro los llevaron al sector de celdas; en el pasillo provocaron que otros internos los patearan y les pegaran. Ya en las celdas, los dejaron sin sus pertenencias y sin ropa, salvo lo puesto: un short, ojotas y remera. Los arrastraron al sector de recreación, los mojaron con baldes de agua y les descargaron en el cuerpo toda la carga de un extintor de fuego. Luego los dejaron en ese salón sin una manta para pasar la noche. Toda esta secuencia fue descripta por la fiscal del caso.
Esta agresión de funcionarios para con adolescentes detenidos fue llevada al conocimiento de otros servidores públicos como Marta Cecilia Casalli y Dante Jesús Martínez, quienes “omitieron denunciar” las vejaciones “pese a tener obligación legal de hacerlo”.
En la lista de acusados también figuraba otra funcionaria provincial pero la fiscal solicitó su sobreseimiento por entender que es ajena al caso.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 15 de La Plata, quien había citado a los acusados los primeros días del mes de abril de 2024 para que declaren en el marco de una indagatoria, pero las defensas solicitaron una postergación de las mismas que fueron reprogramadas para el mes de mayo. Tras las indagatorias la titular de la acción pública dictó el cierre de sumario y requirió que el caso se ventile en juicio oral y público.
El expediente se encuentra en una etapa administrativo procesal. Las defensas están contestando el pedido de la fiscal. Una vez realizadas todas esas oposiciones, el juez de Garantías estará en condiciones de resolver y dictar una medida que no será definitiva ya que es apelable ante la Cámara Penal que deberá dar una resolución definitiva a la etapa.
INTERNAS FUNCIONALES
El centro Araoz Alfaro recibe a jóvenes detenidos de toda la provincia de Buenos Aires. El objetivo final es su resocialización mientras cumplen con el encierro preventivo o purgan una eventual condena, pero solo encuentran malos tratos, desidia y desinterés por algunos actores del área de minoridad.
Pero el caso salió a la luz por dos vías: los jóvenes apaleados dieron testimonio ante un juez responsable de su guarda y por otras empleadas funcionarias que en el cumplimiento de sus deberes informaron lo ocurrido. La respuesta no tardó en llegar y fueron blancos de persecución laboral.
La denuncia original fue presentada por el titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Mercedes, Juan Sebastián Lemos y la auxiliar letrada María Soledad Tracchial. Además, integrantes del equipo del instituto de menores, tal como está previsto por sus funciones, pusieron al tanto a los abogados defensores y familiares de las víctimas acerca de lo ocurrido, lo que generó preocupación y pedidos de informes de parte de los mismos.
La nota redactada fue entregada a la directora del organismo, Marta Casali, para ser elevada a Dante Martínez, director de Institutos. Semanas después, los firmantes fueron citados formalmente mediante memorándum de forma individual para que dieran su versión de los hechos.
Esto devino en acusaciones cruzadas para con algunos de los profesionales que no estaban presentes en el momento del incendio, pero que, sin embargo, acompañaron a los jóvenes luego del mismo, tal como corresponde a su función.
No contentos con la respuesta, desde la subdirección a cargo de Tacchi comenzaron a perseguir a dos de las profesionales firmantes para que las reubicaran en otros centros, en nombre de una supuesta “reestructuración” organizativa del lugar.
LA GÉNESIS
Durante varios meses los jóvenes detenidos soportaron todo tipo de malos tratos. Pedían con insistencia el traslado de lugar de encierro, no querían seguir recibiendo golpes ni pasar frío o hambre. Ante la falta de respuesta a sus pedidos iniciaron un incendio en un sector del centro cerrado, pero la represalia fue peor. Y eso quedó plasmado en la causa que investigó Corfield.
Tras la feroz golpiza ninguno de los lastimados recibió atención médica. Tenían “heridas visibles” estaban “sin ropa” en una jornada de “mucho frío”. Luego de la pesadilla los chicos se entrevistaron con sus defensores oficiales y contaron todo lo que sufrieron. “Uno de los chicos tenía dos chichones visibles en la cabeza y se quejaba todo el tiempo del dolor que tenía, otro tenía toda la cara manchada de sangre y todos temblaban del frío porque apenas tenían una remera y un short roto cada uno”, explicó una trabajadora del lugar en el marco de la investigación.
Según establece el marco legal vigente, los centros de alojamiento de menores, deben cumplir una extensa serie de requisitos con el objetivo de resocializarlos. Educación, prácticas deportivas, recreación y alimentación, son cuatro de los ejes vertebradores en los que se debe trabajar en el proceso de recuperación social, siempre según establece la normativa que rige en la materia.
HAMBRE, FRÍO Y CASTIGOS INTRAMUROS
La grave situación de los institutos de menores no es nueva. Desde hace varios años tramita un voluminoso habeas corpus sobre otro complejo (Almafuerte) donde se denuncian irregularidades de todo tipo en los centros de detención para menores de entre 16 y 18 años de edad que por diferentes motivos están privados de su libertad.
Según un informe pericial los chicos reciben la mitad de la ración diaria de comida y muchas veces deben consumirlas frías, tal como informó Borderperiodismo. Pero este reclamo va más allá y pone la lupa en las condiciones bromatológicas de los alimentos. Se sospecha que los alimentos, en reiteradas oportunidades, no son aptos para el consumo.
En diciembre de 2023, la justicia intimó al gobierno bonaerense a mejorar la alimentación, garantizar los talleres de capacitación, reparar las celdas en desuso, garantizar “el acceso al aire libre” (salidas al patio del predio) y que se informe el listado de docentes que dictan clases, bajo sanción de multar a los funcionarios provinciales Germán Urman y Viviana Arcidiácono.
PANORAMA PROVINCIAL
En la provincia de Buenos Aires hay ocho centros cerrados para jóvenes en conflicto con la ley penal y 14 centros de contención, donde los acusados o condenados cumplen medidas de privación de la libertad en distintas modalidades.
En noviembre de 2019 la jueza María José Lescano, del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la capital provincial, otorgó un amparo presentado por todos los defensores oficiales de la capital bonaerense ante las malas condiciones de detención de los adolescentes alojados bajo la tutela del Estado.
Las falencias en los centros de detención son innumerables. No está garantizado el proceso educativo, comida escasa, cloacas desbordadas, pocos policías para custodiar las salidas y pocos asistentes adentro. Esta cruda radiografía es la escenografía en la que los jóvenes deben “resocializarse” para recuperar la libertad, una vez cumplida su pena.
