La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires contra el DNU de desregulación económica por medio del cual, el gobierno de Javier Milei, dejó de transferirle los fondos para las jubilaciones bonaerenses. En el marco del pedido de medida cautelar promovido por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la procuradora adjunta, Laura Monti, se pronunció de esa forma frente a la decisión de Nación de cortar los aportes para la caja provincial previstos por una ley vigente durante los últimos siete gobiernos.
“La Provincia de Buenos Aires deduce acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia DNU y que, en consecuencia, el Estado Nacional ‘restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)», explicó Monti. Los montos reclamados corresponden a “compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional”, a valores actualizados.
El régimen comenzó a implementarse a fines del año 1999, ya con el gobierno de Fernando De La Rua. Fue en ese entonces que se firmó el “Compromiso Federal” (ratificado por ley) por el cual el Estado Nacional “se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, con recursos provenientes de rentas generales”.
Esta norma perduró a lo largo de los mandatos de Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, y Mauricio Macri. Durante este último mandato incluso llegó a profundizar la medida, cuando se dictó la ley de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”.
Uno de los artículos de esa norma instruyó al Poder Ejecutivo “para que arribara a un acuerdo con las provincias que no hubieran transferido sus sistemas previsionales, para compensar las asimetrías con respecto a aquellas jurisdicciones que sí lo habían hecho”.
En el presupuesto 2023 los fondos estaban dentro de lo contemplado. En dicho presupuesto “estableció un crédito específico para las cajas previsionales provinciales transferidas y, a su vez, dispuso una metodología para que la ANSES abone mensualmente a las provincias que no transfirieron al Estado nacional sus regímenes previsionales, un monto en concepto de anticipo a cuenta, equivalente a una doceava parte del déficit -provisorio o definitivo-“, determinado por un decreto del gobierno de Macri.
Durante el mandato de Alberto Fernández esta normativa fue prorrogada. Pero en el gobierno de Javier Milei esto quedó interrumpido a través del DNU de desregulación económica.
“Toda vez que la Provincia de Buenos Aires –a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte-, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia”, opinó Monti. “En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”, puntualizó.
