La Procuración General de la Nación le dio la razón al gobierno de Javier Milei y dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en el reclamo de Chubut por los fondos de la coparticipación federal.
El gobierno de Chubut, a cargo de Ignacio Torres, había planteado ante la justicia federal de esa provincia una medida cautelar contra el gobierno nacional por el recorte del envío de fondos, bajo el argumento de una deuda impaga.
El pronunciamiento de la Procuración, el cual no es vinculante, abre un abanico de posibilidades. Entre ellas que el planteo de Chubut, el cual ya tuvo su primera acogida favorable, vuelva a foja cero.
En el dictamen de la procuración se lee: “Chubut solicitó y obtuvo -mediante la sentencia del 27 de febrero de 2024- el dictado de una medida cautelar autosatisfactiva que ordenó al Estado Nacional el cese de la retención que realiza, en concepto de reembolso de préstamos que oportunamente fueron acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, respecto de las sumas que la provincia percibe en razón del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”.
El dictado de la cautelar obliga al gobierno a enviar los fondos. El Ministerio de Economía planteó la inhibitoria del juez federal de Rawson Hugo Sastre y la “competencia originaria” de la Corte. Frente a este panorama, el gobierno nacional solicitó que la causa saliera de la égida de la justicia federal chubutense y pasara directamente a la Corte debido a que “la cuestión planteada excede el mero interés provincial (…), teniendo en cuenta su impacto en el conjunto de las provincias”.
Laura Monti, procuradora adjunta, le dio la razón al gobierno nacional, al sostener que “en este conflicto es la provincia quien denuncia que el Estado Nacional ha incumplido leyes federales en relación con los acuerdos suscriptos entre ambos”. Ese es, según añadió, un “planteo exclusivamente federal que descarta la naturaleza conjunta – federal y local- que pueda pretender asignarse a la controversia”.
