La administración pública tendrá un cambio clave para los trámites tras una decisión del gobierno de Javier Milei. Se trata de la habilitación del «silencio administrativo positivo» en algunos de los procesos burocráticos del Estado.
Como consecuencia de esta medida, si la administración no responde en un plazo determinado sobre una resolución que debe realizar, se interpretará como una aprobación automática del trámite.
El objetivo principal del decreto 971/2024 es agilizar y digitalizar los procesos que abarcan trámites como autorizaciones ambientales y hasta registros de datos personales y permisos turísticos.
De esta forma, se podrá continuar con las solicitudes sin necesidad de una respuesta explícita de la administración. A pesar de esto, se excluyen del proceso los trámites relacionados con salud pública, medio ambiente, servicios públicos y derechos sobre bienes de dominio público.
Además de aplicar el nuevo método, el Gobierno impulsa la completa digitalización de todas las solicitudes en la plataforma Trámites a Distancia (TAD) u otros sistemas dependiendo de las entidades interpeladas. Esto generaría mayor eficacia para aplicar el silencio positivo y agilidad para respuesta en aquellos procesos que lo requieran.
Así, el silencio positivo comenzará a a tener vigencia desde el 1 de diciembre de 2024 en los organismos descentralizados, mientras que ya está vigente desde el 1 de noviembre en la administración central.
