Después de que Javier Milei anticipara que acabaría con todas «las cajas negras de la política», el gobierno anunció la eliminación de fondos fiduciarios «poco transparente» por 2 mil millones de dólares.
Cabe destacar que en la Ley de Bases, que fracasó en la Cámara de Diputados, se encontraba el artículo para eliminar la totalidad de estos fondos que se destinan de forma directa a provincias e intendencias.
¿QUÉ SON?
Muchos de estos fondos eliminados fueron apuntados por su cuestionable funcionamiento y propósito. Los mismos son una herramienta para financiar diferentes proyectos provinciales que tomaron fuerza gobierno tras gobierno.
Los especialistas en anticorrupción advirtieron en reiteradas ocasiones sobre esta práctica y la forma en la que se transfieren estos fondos, con una gran falta de auditorías sobre el dinero, antes y después de ser entregado.
En este sentido, el funcionamiento de este sistema es el siguiente: el Poder Ejecutivo envía fondos a través de ministerios u organismos nacionales -llamados fiduciantes- hacia entidades bancarias -denominados fiduciarios- para que sea administrado en su beneficio.
El dinero en si debe tener un fin único y remarcado, sin posibilidad de modificación. Pero en esta instancia es en la que se provocan problemas por la falta controles, y en consecuencia se desconoce el destino final.
EL ARTÍCULO DE LA LEY ÓMNIBUS SOBRE LOS FONDOS FIDUCIARIOS
El proyecto de la Ley de Bases detallaba en el artículo 4 la intención de “crear, modificar, transformar y/o eliminar fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisando su procedencia y destino a los efectos de lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control de la utilización de los recursos públicos”.
Tras el fracaso del proyecto, este artículo cayó junto al resto del mismo, obligando al gobierno de Milei a tratar el tema de otra forma y por otros medios.
En estos momentos existen un total de 29 fondos fiduciarios, que equivalen a un presupuesto de entre 8 mil y 10 mil millones de dólares.
Más adelante en el proyecto, en el artículo 338, se establecía que “lo recaudado de las multas (…) será destinado al fortalecimiento del fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana, conforme al artículo 14 de la Ley N° 27.453 correspondiente a la jurisdicción donde se realice la reunión o manifestación”.
En este sentido, Milei no solo buscaría cortar con aquellos fondos «pocos transparentes», sino que también fortalecería aquellos que vea conveniente, pero con mayor control sobre sus destinos y la forma de utilizarlos.
QUIÉN INVESTIGA LOS FIDEICOMISOS
En la actualidad hay dos organismos de control que se encargan de investigar los fideicomisos: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN). Uno depende del Poder Ejecutivo y el otro del Congreso de la Nación, respectivamente.
La normativa permite a la AGN y el SIGEN auditar por iniciativa propia y también sin necesidad de un requerimiento especial. Puede hacerlo en cualquiera de los fondos y el fiduciario no puede negarse.
A pesar de esto, las auditorías no suelen realizarse y se dieron en pocas ocasiones. En principio debido a que en la misma ley actual se establece que las auditorías deben ser posteriores a la ejecución del dinero.
