El Gobierno envió este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una iniciativa de 240 artículos que introduce modificaciones en más de veinte normas vinculadas al crédito, el mercado de capitales y el sistema de garantías.
La iniciativa contemplaba eliminar la exención de Ganancias que actualmente beneficia a quienes venden Cedears, certificados que representan acciones de empresas extranjeras. De esta manera, las operaciones pasarían a estar alcanzadas por el impuesto, al igual que otras inversiones financieras gravadas.
El proyecto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva. Su tratamiento estará a cargo de cuatro comisiones de Diputados: Legislación General, Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.
No obstante, el asesor del ministro de Economía, Felipe Nuñez, confirmó que ese apartado no continuará en el texto. A través de sus redes sociales, explicó: “[El artículo] quedó de un borrador viejo. Se va a retirar!”.
Qué cambios propone la reforma del mercado de capitales
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo cuestionó el tratamiento impositivo actual de los Cedears y sostuvo que la normativa abrió “una fisura en el sistema”. Según argumentó, los inversores locales utilizan estos instrumentos para evitar impuestos mientras adquieren activos extranjeros que “de ser adquiridos de forma directa, se encontrarían plenamente gravados”.
El Gobierno plantea que la reforma busca reducir los costos de las operaciones financieras, ampliar el acceso al crédito y adaptar la legislación a la economía digital. Entre las medidas incorpora la posibilidad de emitir y registrar títulos de crédito mediante soportes digitales, incluidos sistemas basados en blockchain.
También habilita la tokenización de acciones, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de fideicomisos. Además, establece que los activos virtuales quedarán bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Otro de los apartados modifica el funcionamiento de los plazos fijos. Los certificados constituidos por 365 días o más podrán negociarse en mercados regulados por la CNV antes de su vencimiento, sin necesidad de cancelar la operación original.
La iniciativa también amplía los instrumentos que pueden utilizarse como garantía. Se incorporan software, acciones, cuotas sociales, activos virtuales y créditos futuros, además de una nueva figura denominada “prenda flotante”, que alcanzará inventarios, cobranzas y flujos de fondos futuros.
Para las pequeñas y medianas empresas, el proyecto extiende de 15 a 21 días corridos el plazo para la aceptación automática de las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME. También habilita nuevas modalidades de negociación electrónica de cheques, pagarés y warrants.
En el sector inmobiliario, propone que quienes aporten terrenos a fideicomisos para desarrollos puedan pagar Ganancias cuando reciban su participación y no al momento de realizar el aporte.



