La reunión de comisión para debatir el presupuesto del año entrante fue suspendido por no llegar a un acuerdo entre el gobierno y los Gobernadores de la oposición.
Por la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió en la Casa Rosada con, el estratega del Gobierno Nación, Santiago Caputo y con el diputado que preside la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert para poner en común el estado de las negociaciones con los jefes de bloque, gobernadores y líderes de la oposición. Tras ese encuentro se tomó la decisión de levantar la reunión de comisión y anunciar una conferencia de prensa para las 14 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso.
La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se iba a reunir esta tarde para tratar de reunir las firmas necesarias y llevar el tratamiento de la «Ley de Leyes» al recinto en las próximas horas, pero las negociaciones entre el oficialismo y sus aliados parecen haber quedado empantanadas.
Esta suspensión se da luego del ultimátum que le dieron los gobernadores para sujetar su apoyo al proyecto oficialista a la aceptación de una serie de puntos que aligeren las finanzas provinciales. Entre sus reclamos se encontraban el pago de la deuda que Nación tienen con las provincias por cajas previsionales; la compensación del Pacto Fiscal del 2017; coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no fueron distribuidos en 2024 junto a un equilibrio en los envíos del próximo año; reducción de los aportes distritales a la ARCA, como afirma el Gobierno, la estructura de personal fue reducida para bajar el gasto, los recursos tributarios que salen de las provincias también tienen que volver a la masa coparticipable. ; y eliminación del impuesto al combustible o un reparto equitativo de los fondos.
Según pudo saber el medio Infobae, hubo intercambio de redacciones entre el oficialismo y los funcionarios dialoguistas las cuales habían mejorado la regla fiscal que determina que cualquier desvío en los ingresos previstos obligará a hacer cambios proporcionales en los gastos (si se recauda menos, se recortan aún más gastos).
La polémica sobre este último punto es que la oposición quería que en caso de que el Estado recaude más debido a que la inflación prevista sea menor a la real, se estipule de antemano a dónde irán los recursos extras. También exigían saber de antemano dónde se recortará si la actividad y la recaudación es más baja que la proyectada.
