El juez federal Alejo Ramos Padilla notificó formalmente al presidente Javier Milei, a la vicepresidente Victoria Villarruel y al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre la situación judicial de los jueces designados en comisión, Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo.
La decisión judicial llegó apenas horas después de que el Senado rechazara sus pliegos, lo que agravó la ya compleja situación del académico, nombrado por decreto el pasado 27 de febrero. El oficio también fue dirigido al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en un claro mensaje hacia los principales referentes del Poder Ejecutivo y Judicial.
De esta manera, Ramos Padilla alertó sobre la posible ilegitimidad de los actos suscriptos por García-Mansilla, quien permanece en funciones pese al rechazo legislativo.
Desde Casa Rosada, aún intentan sostenerlo en su cargo hasta que culmine el año parlamentario, pero en los pasillos de Comodoro Py y el Palacio de Tribunales, cada vez suena con más fuerza la posibilidad de una renuncia inminente. Las palabras del ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, quien lanzó duras críticas en las últimas horas, no hicieron más que acelerar la presión.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, encabezado por Ricardo Gil Lavedra, emitió un comunicado categórico: “La decisión del Senado de rechazar los pliegos ha concluido el debate sobre estas nominaciones y debe ser acatada”.
En sintonía, un amplio grupo de docentes, académicos y profesionales del Derecho de todo el país solicitó “el cese inmediato” del magistrado.
“Su propuesta de designación fue rechazada por el Senado de la Nación con 51 votos, que representan las dos terceras partes del cuerpo. En ese marco, resulta insostenible su continuidad en el máximo tribunal, en directa violación del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional”, remarcaron los juristas.
En su fallo, Ramos Padilla fue categórico: advirtió que “todos los actos a los que suscriba García-Mansilla como juez de la Corte Suprema podrían ser considerados ilegítimos, nulos o incluso inexistentes, dañando la seguridad jurídica. En definitiva, el dictado de sentencias, que luego podrían ser declaradas inválidas, podría resquebrajar el sistema judicial”.
Además, desestimó los argumentos presentados por García-Mansilla, quien sostuvo que solo podría ser removido por juicio político. “Lo que aquí se discute no es la remoción de un juez por otro juez, sino la legitimidad, constitucionalidad y alcances de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional”, indicó el juez federal.
Y agregó: “Este caso no se trata de un juez que remueve a otro, sino de un juez que ejercita su función de controlar la constitucionalidad de un acto del Poder Ejecutivo. Es incongruente presentar este control como un conflicto de competencias entre los tribunales, el Presidente o el Congreso”.
Para Ramos Padilla, el decreto 137/2025 “produjo una afectación de la división de poderes, de la independencia e imparcialidad judicial y, en síntesis, del debido proceso constitucional”.
