La provincia de Buenos Aires se prepara para un nuevo tarifazo en cabinas de peajes enclavadas en rutas y autopistas que están bajo la administración de la empresa pública Autopistas de Buenos Aires S. A.(AUBASA). Luego de las audiencias públicas de carácter no vinculante que se desarrollaron en la capital provincial se esperan fuertes incrementos en la autopista Buenos Aires – La Plata y en el Sistema Vial Integrado del Atlántico.
Se trata del tercero de los aumentos que se autorizaron durante este año 2024. En marzo se incrementó un 50%, en abril otro 35%. Para el caso de la autopista Buenos Aires-La Plata el incremento será del 167% y para el Sistema Vial Integrado del Atlántico, compuesto por la Autovía 2, Ruta provincial 11 y conexas, del 139%. Paro hay más. Se esperan ajustes trimestrales en base a un coeficiente de variación tarifaria (CVT).
La fecha de entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario no está determinada. Fuentes de AUBASA señalaron a Borderperiodismo que regirá “cuando se publique la resolución ministerial en el Boletín Oficial” pero “no” tienen “certeza”.
Luego de la formalidad de las audiencias públicas la administración de Axel Kicillof autorizó un nuevo tarifazo de peaje que fue calificado por el Comité Nacional de Usuarios Viales (Conaduv) como “ilegal, inapropiado e irracional para los corredores viales concesionados de jurisdicción provincial, propuesto injustificadamente por la empresa concesionaria AUBASA y que regirá a partir de los primeros días de agosto del corriente año”.
Para la entidad no gubernamental “es una vergüenza que en este tipo de eventos sólo se contemple como readecuar la ecuación económica-financiera del concesionario y nunca se considera el bolsillo del usuario”. Además, resaltaron que los incrementos “en la gestión Kicillof oscilaron entre 3.500 a 3.700%”.
Ricardo Lasca, del Centro Argentino de ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del Conaduv manifestó: “Es penoso e increíble en las audiencias públicas la ausencia de los legisladores provinciales y nacionales por Buenos Aires, como también de intendentes y concejales de las distintas ciudades que se encuentran sobre los corredores viales en cuestión”.
En un informe al que accedió Borderperiodismo se detalle que “definitivamente este nuevo incremento se trata de otro ajuste meramente recaudatorio solo para beneficiar la inoperante empresa AUBASA y tratar de ir cubriendo el déficit de la misma, ocasionando incremento en el costo de transporte y por ende en todos los precios de le economía, y generando más perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales directo e indirectos, y a toda la sociedad en su conjunto”.
En el informe se detalla que el gasto de un automóvil para viajar ida y vuelta en horario pico, 25 días al mes, en la autopista Buenos Aires-La Plata representa una erogación de anual en peaje de $ 1.920.000.
En tanto un camión de 6 ejes en el mismo trayecto en horario pico, 20 viajes al mes, representan por año $ 9.408.000 únicamente de peaje. Mientras que unir CABA con Mar del Plata, con la misma frecuencia de viajes, la erogación anual trepa hasta los $ 29.952.000.
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
Anualmente, desde el inicio de las concesiones viales en la provincia de Buenos Aires, se suceden aumentos de tarifas en las cabinas de peajes considerados por los usuarios viales como “escandalosos, ilegales, abusivos, injustificados y carentes de considerables fundamentos técnicos-económicos”.
En el mismo estudio al que accedió este medio se establece que “este problema persiste en el tiempo, favoreciendo el interés particular de la empresa estatal AUBASA, que solo se limita a cobrar el peaje, y que es claramente innecesaria, burocrática, costosa y deficitaria, y que encima actúa indebidamente en forma paralela a la Dirección de Vialidad de Buenos Aires (DVBA)”.
Los usuarios viales aseveran que las obras de envergadura que se han realizado y se realizan, no son con fondos del cobro de peaje, sino a través de aportes del Estado provincial, nacional o créditos externos. En el caso concreto del Sistema Vial Integrado del Atlántico, las empres Covisur SA, Caminos del Atlántico SA, Autovía del Mar SA y AUBASA “no han puesto un peso para realizar obras.
Un tema grave que sucede desde el inicio de las concesiones viales en la provincia de Buenos Aires, y que no es considerado, es que las mismas tienen carácter de “servicio púbico”, y a pesar del tiempo transcurrido no se ha creado un marco regulatorio, un ente regulador que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos. Nunca fue considerado por los distintos gobiernos bonaerenses ni por la Legislatura, pese a los reiterados pedidos de usuarios.
“Es así que los usuarios viales siguen siendo esquilmados a través del cobro de un ‘falso peaje o impuesto al tránsito’, injusto, ilegal, claramente inconstitucional e inviable técnicamente, los derechos de los usuarios viales siguen siendo pisoteados y vulnerados”, enfatizaron desde la Conduv.
“El régimen nefasto de falso peaje que se cobra es inconstitucional por la falta de caminos alternativos libres de pago y la doble imposición. Es inviable por el bajo caudal de tránsito e injusto por tratarse de un sistema abierto donde unos pagan y otros no de acuerdo al tramo transitado, y donde lo que se recauda se gasta en el fenomenal costo operativo de las estaciones de peaje y la empresa AUBASA, sin volcarse plata al camino”, se concluye en el informe.
