El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, ratificó que irán a la Justicia para que esta determine qué organismo debe encargarse de auditorías a la casa de estudio, luego de que el gobierno dispusiera que debe ser la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) dependiente del Ejecutivo. 

En la sede del Rectorado, ubicado en la calle Viamonte, Gelpi brindó una conferencia a periodistas donde declaró: “Como todos saben, mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo informó que por disposición unilateral las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías”.

Y agregó. “Esto es muy importante y lo voy a repetir: de ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el gobierno nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”.

Consultado por si en la casa de estudios temen una intervención, Gelpi desestimó esa posibilidad.

La Universidad de Buenos Aires emitió recientemente un comunicado en su página web en el que ponderó que es uno de los entes más auditados en el sector público a través de la Auditoría General de la Nación, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo (con informes mensuales de gastos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias) y la Auditoría General de la Universidad, y puso a disposición los últimos controles realizados por dichos organismos. 

Según explicó Leonora Colombo, integrante del Claustro de Graduados del Consejo Superior, la presentación ante la Justicia objeta, principalmente, la participación de la SIGEN en el proceso de control. El motivo de la objeción es que esta actuación de la SIGEN violaría la autonomía universitaria.

“ Acá hay una discusión o un debate respecto a la interpretación del sistema jurídico vigente. La Universidad sostiene que la SIGEN no tiene competencias para auditarla y el Poder Ejecutivo sostiene que sí. En nuestra República, el órgano constitucional que está llamado a resolver este tipo de conflictos es el Poder Judicial, con lo cual la Universidad ha elegido encausar institucionalmente este debate para lograr un pronunciamiento del único órgano que es el último intérprete de la Constitución y las leyes”, explicó Colombo, quien agregó que la SIGEN “puede ejercer sus actividades de control respecto a los entes y organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. No es una opinión de la UBA. Esa es la letra de la ley. En el año 1994, se modificó la Constitución y se incorporó en el artículo 75, inciso 19, de la autonomía universitaria. La Corte Suprema precisó en el año 2003, o sea hace 20 años que está saldada esta discusión, que la autonomía implica que las universidades no dependen del Poder Ejecutivo y que están exentas de cualquier tipo de interferencia o control del Ejecutivo sobre todas sus actividades, incluyendo las económico financieras”.