El diputado libertario, Álvaro Martínez, propuso un proyecto de ley para modificar un articulo que permite el cambio de género a los menores de 18 años y a la gente adulta que esta cumpliendo una condena.

El diputado mendocino perteneciente a La Libertad Avanza (LLA) planteó modificaciones significativas en el artículo 4 de la Ley de Identidad de Género (Ley N° 26.743, promulgada el 24 de mayo de 2012), que regula el procedimiento de rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

El proyecto presentado por Martínez surge en un contexto de discusiones sobre las implicancias de la auto-percepción de género y los límites de su regulación. El funcionario argumenta que estas decisiones deben tomarse en la adultez, cuando la persona tenga “madurez plena” para definir su identidad.

Para Martínez, la normativa actual podría causar vacíos legales que ponen en riesgo tanto a las personas involucradas como al sistema en su conjunto, y destacó que el cambio de género en menores puede implicar un “riesgo emocional y psicológico significativo”. Según explicó, es imprescindible que se garantice un entorno seguro para que estas decisiones no sean tomadas de manera impulsiva o bajo presiones externas.

Con respecto a los condenados, el legislador mencionó casos donde “los procesados o algunos condenados utilizaban el cambio de sexo para tener algún tipo de beneficio procesal o evitar en la aplicación de la ley algún tipo de carátula específica”. En diálogo con Mitre Córdoba, puso otro ejemplo: “Como es el caso de un femicidio que decían en su defensa que se ´autopercibían mujer´ y que ese tipo de pena no le correspondía. El hombre cumplía una sentencia justamente por violencia de género”, comunicó.

Según el miembro de LLA, “la idea principal es brindar seguridad y orden público, para que las fuerzas de seguridad y otras autoridades puedan realizar de modo eficiente su trabajo, mantener la consistencia de registros y el orden administrativo”. Y mantuvo que “la derogación de estas normas incrementan la confianza en la sociedad, principalmente en el sistema judicial, porque es una medida que fortalece la transparencia y la integridad del proceso en todas sus etapas”.

También aclaró que “este proyecto viene a plantear una solución a la toma de políticas públicas que se han visto distorsionadas en su aplicación, fundados en la integridad que debe tener el proceso judicial, ya que no se deben permitir cambios en los documentos oficiales que pueden dificultar el seguimiento y la identificación precisa de los sujetos procesales” y aseguró que con esta nueva legislación, se buscaría que se “prevengan fraudes, siendo utilizado el cambio de sexo en el DNI por personas imputadas para evadir la justicia o crear confusión en las investigaciones y en la aplicación y modo de ejecución de la pena”.